martes, 28 de octubre de 2014
¿Qué es un servicio público?
El servicio público ha sido reconocido como el medio a través del cual el Estado alcanza la justicia social para promover la igualdad. En Colombia se reconoce la importancia de los servicios públicos por su estrecha relación con la finalidad social del Estado de suministrar prestaciones considerando al ciudadano como un fin en sí mismo. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado debiendo asegurar su prestación eficiente.
Los servicios públicos domiciliarios llegan al usuario mediante un sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas y lugares de trabajo pudiendo satisfacer necesidades esenciales.
¿Cómo se hace efectiva su prestación?
La ley establece las cuestiones básicas que estructuran la naturaleza propia de cada servicio. El Estado está facultado para intervenir en la prestación de estos servicios para garantizar su calidad, la cobertura, atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas, la prestación continua ininterrumpida y eficiente, la libertad de competencia, la no utilización abusiva de la posición dominante y el acceso a un régimen tarifario proporcional basado en la equidad y solidaridad.
La prestación se hace efectiva a través del contrato de servicios públicos, que es un contrato de condiciones uniformes, de adhesión, oneroso, en el que una empresa de servicios públicos presta servicios a un usuario a cambio de un precio. Estos contratos tienen unas cláusulas uniformes sobre aspectos comunes como la prestación del servicio, las obligaciones y derechos de las partes, la facturación, las fallas en la prestación del servicio, la medición del consumo, las causales de suspensión y terminación. Admitir que las empresas prestadoras debatan individualmente las reglas, promovería la violación de la igualdad, pues ya no serían el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida las pautas a considerar sino el ánimo de lucro y el interés individual.
El contrato de prestación de servicios públicos no queda plenamente librado a la absoluta libertad de las partes, puesto que involucra intereses superiores. De esta manera, la libertad contractual está limitada por la ley.
¿Qué principios se deben obedecer en la prestación de los servicios públicos?
Existen criterios de eficiencia, universalidad igualdad y solidaridad, y medidas orientadas a buscar la mayor cobertura de los servicios, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La solidaridad entre el propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio significa que el propietario puede ser llamado a responder aun cuando no sea consumidor directo y los consumidores directos, así no sean propietarios, están habilitados para exigir que el servicio les sea prestado eficientemente. El principio de universalidad significa que los servicios públicos deben prestarse por igual a todas las personas. La onerosidad consiste en que la empresa presta los servicios públicos a cambio de un precio, constituyéndose como obligación para los ciudadanos de contribuir al financiamiento de gastos e inversiones del Estado. La onerosidad surgió ante la imposibilidad del Estado de satisfacer los derechos y necesidades de sus asociados. Existe así un régimen tarifario que toma en cuenta costos, solidaridad social y redistribución de ingresos siendo el contrato oneroso incluso para los estratos más bajos generando el no pago una falta disciplinaria así como la suspensión del servicio.
La imposición de estas tarifas comprende una de las materias de mayor sensibilidad. Esta gratuidad fue abandonada por la necesidad de generar utilidades que contribuyan con el financiamiento del Estado. Sin embargo, la onerosidad no puede ser vista a la ligera pues son muchos las poblaciones con necesidades básicas insatisfechas que demandan que sea examinada con más detenimiento para evitar que el Estado se descargue de sus obligaciones.
Como contrapartida a la onerosidad se ha permitido el otorgamiento de subsidios para estratos bajos, de forma tal que el contrato sigue siendo oneroso pero una parte la ayuda a pagar el Estado.
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