El mundo atraviesa una de las crisis energéticas más complejas de las últimas décadas. Las tensiones geopolíticas, la competencia por recursos estratégicos como el gas natural y las tierras raras, así como el aumento sostenido de la demanda, han generado un escenario de incertidumbre global. El precio del gas ha alcanzado niveles históricos, lo que ha afectado gravemente a sectores industriales que dependen de este recurso, y los ha obligado a migrar hacia combustibles alternativos o a reducir su producción.
Colombia no ha sido ajena a esta crisis. En los últimos dos años, el país ha tenido que recurrir a la importación de gas para garantizar el funcionamiento de hogares, industrias y servicios esenciales. Según cifras de Naturgas, Colombia solo dispone de 5,9 años de autosuficiencia energética si no se retoman las exploraciones y se fortalecen las reservas, lo que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo energético actual.
La matriz energética colombiana ha estado tradicionalmente sustentada en la energía hidroeléctrica, el gas natural y el carbón. Sin embargo, la disminución de las reservas de gas y la alta dependencia de fuentes hídricas han conllevado la necesidad de importar gas a precios elevados, la disminución de la competitividad de la industria nacional y el aumento de presiones fiscales para el Estado.
El panorama se complica con la proyección para el año 2026. Las industrias colombianas deberán decidir entre sustituir el gas natural, importar a costos más altos, o reducir su producción para mantenerse operativas. Esto plantea una pregunta urgente: ¿está Colombia realmente preparada para una transición energética que garantice seguridad, sostenibilidad y equidad?
Actualmente, Colombia se encuentra en un proceso de implementación de la transición energética, apostando por fuentes no convencionales y renovables como la solar y la eólica. Si bien el Gobierno Nacional ha promovido incentivos para la inversión en energías limpias, los retos persisten: infraestructura insuficiente, trámites administrativos complejos, falta de coordinación institucional y comunitaria, y falta de inversión.
Un ejemplo ilustrativo es el departamento de La Guajira, que se ha convertido en el epicentro de esta transición. Sus condiciones excepcionales de radiación solar y velocidad de viento lo posicionan como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de energías limpias en América Latina. Sin embargo, gran parte de los proyectos energéticos en esta zona ha enfrentado obstáculos debido a que sus promotores no cumplieron adecuadamente con los procesos de consulta previa y acceso a la información. Las quejas por afectaciones ambientales, sociales y culturales han llevado a la suspensión de varios proyectos estratégicos, y han desincentivado la inversión privada en el sector energético, al percibirse como un entorno de alta conflictividad y riesgo económico.
La apuesta del Gobierno Nacional por la transición energética es necesaria, pero exige una estrategia realista y articulada. No se deben abandonar las fuentes tradicionales por su impacto ambiental sin antes reconocer que las renovables también generan efectos sobre el territorio (manejo de residuos de paneles, impacto en las aves, etc.). La clave está en avanzar con responsabilidad, garantizando inclusión comunitaria, protección ambiental y seguridad para el inversionista. La pregunta ya no es si debemos transitar, sino cómo hacerlo sin repetir errores y sin dejar a nadie atrás.
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