El pasado 23 de agosto, el presidente de la República, anunció el inicio de operativos dirigidos a identificar y expulsar del país a extranjeros en situación migratoria irregular. El anuncio generó preocupación entre quienes tenían pendiente su regularización y puso nuevamente en el centro del debate el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar la movilidad internacional en el país.
Tras el anuncio, se evidenció una creciente congestión en los canales de atención de Migración Colombia, con dificultades para conseguir citas, demoras en el registro y expedición de documentos, saturación en las sedes, extensas filas y prolongados tiempos de espera.
Este escenario se suma a una tendencia constante. Cifras de Migración Colombia señalan que durante 2025 se registraron más de 21,7 millones de movimientos migratorios, un 6% más que el año anterior. Estos movimientos corresponden a personas que llegan por motivos laborales, académicos, familiares o humanitarios. Por ello, la movilidad no debe entenderse únicamente desde el control fronterizo, pues implica una demanda continua de servicios para la permanencia, regularización y documentación de quienes deciden establecerse en el país.
Esta situación plantea una pregunta: ¿crece la capacidad operativa de la entidad al mismo ritmo que las necesidades migratorias del país? Los retrasos no solo constituyen inconvenientes administrativos; impactan directamente a trabajadores, estudiantes, familias y empresas que dependen de respuestas oportunas para mantener su situación migratoria en cumplimiento. El desafío radica en evaluar cómo debe evolucionar el modelo de atención para responder a la demanda y garantizar el acceso a mecanismos de regularización dentro de tiempos razonables.
Esto implica revisar varios frentes, como la capacidad física y humana: la ampliación o habilitación temporal de puntos de atención permitiría atender incrementos extraordinarios de demanda, especialmente en ciudades con alta concentración de población extranjera. A su vez, contar con suficientes funcionarios permitiría atender tanto los trámites ordinarios como los picos de demanda derivados de cambios regulatorios, operativos o políticos.
Otro aspecto fundamental es la digitalización de trámites que no requieran necesariamente una atención presencial. Aplicar esta medida a procesos como la expedición de salvoconductos, cédulas de extranjería o certificados de movimientos migratorios podrían descongestionar los puntos de atención y optimizar los tiempos de respuesta. Esto permitiría que los recursos físicos y humanos se concentren en aquellos trámites que sí requieren un componente presencial.
Sin embargo, avanzar hacia un modelo con mayor componente digital requiere una infraestructura tecnológica sólida, plataformas con suficiente capacidad y mecanismos que garanticen la seguridad de la información. Si bien Migración Colombia ha mostrado avances en este frente, la creciente demanda exige continuar fortaleciendo sus capacidades para responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades de los extranjeros en el país.
Sin duda, fortalecer la gestión migratoria requiere mucho más que fortalecer los controles, también implica una mayor capacidad institucional. Si el Estado exige regularidad migratoria, debe garantizar canales accesibles para cumplirla. La coyuntura actual representa una oportunidad para evaluar integralmente la infraestructura, la distribución territorial, los tiempos de respuesta y las plataformas tecnológicas de Migración Colombia.
La migración internacional continuará siendo parte de la realidad económica, académica y social de Colombia. El desafío está en garantizar que la capacidad del Estado evolucione al mismo ritmo que esta realidad.
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