En un momento en el que el país necesita ejecutar proyectos estratégicos y administrar con prudencia sus niveles de endeudamiento, vale la pena revisar cómo hacer más eficientes las autorizaciones de operaciones de crédito público y así poder utilizar a las empresas estatales como un mecanismo de reactivación de la economía. En efecto, es compatible contar con trámites de autorización que permitan un seguimiento juicioso del endeudamiento público pero que sean ágiles y oportunos.
La deuda ha sido una fuente indispensable de recursos en momentos de crisis y puede seguir siendo una herramienta útil cuando está bien estructurada y se destina a proyectos productivos. Desde luego, Colombia enfrenta restricciones fiscales relevantes y no puede desconocer los riesgos del endeudamiento excesivo. Precisamente por eso, las autorizaciones deben conservar su función de control fiscal, presupuestal y financiero. Lo que conviene repensar es la forma en que ese control se ejerce.
Estándares Definidos
En la práctica, los mercados financieros se mueven con rapidez y una demora prolongada medida en meses e incluso años puede hacer que una entidad pierda ventanas de oportunidad, enfrente mayores costos o deba replantear una operación que ya había sido negociada. Por tanto, sería útil contar con estándares definidos sobre la información requerida, los criterios de evaluación y los tiempos esperados para cada etapa. La previsibilidad beneficia tanto a la autoridad que revisa como a la entidad que solicita la autorización.
Conversaciones previas no vinculantes
También convendría fortalecer los espacios de consulta temprana. Una conversación técnica, previa y no vinculante entre la entidad estatal, sus financiadores y las autoridades competentes permitiría anticipar inquietudes, ajustar estructuras y evitar reprocesos cuando la operación ya está avanzada. Esto no debilita el control estatal; lo hace más informado y transparente involucrando las diferentes instancias involucradas en la aprobación.
Trámites paralelos
Otra mejora posible es revisar trámites paralelos que, en ciertos casos, podrían resolverse mediante criterios generales o aprobaciones tipo. Por ejemplo, en operaciones con entidades multilaterales o instituciones financieras internacionales, cuando se utilizan cláusulas arbitrales éstas responden a minutas estandarizadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de autorización de estas cláusulas por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podría hacerse más eficiente al obtener una autorización predeterminada para aquellas cláusulas de carácter repetitivo con entidades con las cuales la Nación bien tiene una relación como accionista o relaciones comerciales de vieja data.
Formación
Finalmente, la eficiencia exige actualización técnica permanente. El mercado incorpora nuevas estructuras, instrumentos de cobertura, mecanismos de financiación sostenible y modelos contractuales diversos. Construir equipos especializados mediante programas de formación al interior de la entidad, con acceso a información actualizada y criterios comunes de análisis, permite distinguir mejor entre riesgos sustanciales y asuntos puramente formales.
Conclusión
Hacer más eficientes las autorizaciones de crédito público no significa abrir la puerta a un endeudamiento irresponsable. Significa reconocer que el control también puede ser ágil, que la prudencia no tiene por qué confundirse con inmovilidad y que el Estado necesita herramientas oportunas para financiar proyectos que generen valor público.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
