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Mariana Tique Álvarez sábado, 30 de mayo de 2020

A finales del año pasado, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron para estructurar una propuesta sobre la transformación digital de la rama de la justicia en Colombia. En dicha reunión se discutió, sin saberlo, un tema fundamental en la coyuntura actual.

Pese a que la digitalización acerca la justicia al ciudadano, su implementación representa múltiples complejidades en el contexto colombiano, si se tiene en cuenta que nuestra sociedad está acostumbrada a los formalismos, especialmente frente a la oportunidad de aportar pruebas en el marco de un proceso judicial.

¿Qué riesgos implica en estos momentos el entorno digital para una rama como la de la justicia?

La costumbre a lo formal, a lo certificado y autenticado, esconde una suerte de desconfianza en la autenticidad de los documentos, y no es para menos, pues el entorno digital implica riesgos como la falsificación digital de firmas e incluso de documentos digitales.

Una solución al anterior problema proviene de China, pionera en la implementación exitosa de las cortes de Internet. Entre otras medidas, estas cortes permiten que la evidencia sea autenticada mediante blockchain, una cadena de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos a los que se añade información relacionada con otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal, por lo que la información contenida en un bloque sólo puede ser editada si se modifican todos los bloques posteriores.

La confianza en el sistema es construida, alcanzada y fortalecida por los propios usuarios, y ello la hace especialmente adecuada para escenarios en los que se requiera almacenar, de forma creciente, datos ordenados en el tiempo, sin posibilidad de modificación ni revisión, y cuya confianza pretende ser distribuida, en vez de residir en una entidad certificadora. Como se podrá notar, estas características aplican a un proceso judicial, y serían muy útiles en contextos como el actual.

La indagación de los hechos es parte esencial de la labor procesal, y por ello debe contar con todas las garantías que le permitan tanto a las partes como a los funcionarios judiciales asegurarse de la autenticidad de la información aportada al proceso, y sobre la que se basará, en últimas, la decisión que resolverá la controversia entre las partes. Ahora, los intentos de transformar la justicia colombiana y llevarla al ámbito de lo digital no son nuevos, pero tampoco han sido efectivos. Es hora de dar un paso adelante y de responder, con las herramientas que el mundo pone a nuestra disposición, a las exigencias de nuestro tiempo.

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