Los pasaportes vuelven a las noticias, y conviene mirar el expediente de la causa ante que el juzgado antes que las posiciones.
El 2 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los dos convenios con los que la Cancillería y la Imprenta Nacional venían produciendo el nuevo pasaporte. La Cancillería pidió que se le autorizara usar las libretas que ya tiene en inventario. El 16 de septiembre el Tribunal respondió que definir cómo se cumple la orden le corresponde a la Administración, no al juez. Al día siguiente el Ministerio declaró la urgencia manifiesta es la cuarta declaratoria por este asunto desde 2023.
Conviene separar qué resolvió el Tribunal y qué quedó incierto. No se pronunció sobre la legalidad del modelo, que se define después, ni ordenó suspender la expedición, al contrario, dispuso que el servicio continúe. Lo que registró fueron cronogramas incumplidos, informes institucionales que no coinciden y ausencia de soportes verificables sobre equipos, personal y presupuesto. El efecto operativo es concreto hay libretas en inventario y no hay instrumento contractual vigente que respalde personalizarlas. La Cancillería reporta 600.000 libretas, que alcanza para cerca de cuatro meses ese es el plazo real para resolverlo.
El asunto se ha presentado a la opinión pública como una elección entre dos modelos: producción estatal o contratación con un privado. Los dos esquemas funcionan en distintos países y cada uno tiene ventajas y desventajas documentadas. Ahora bien, la constante de los últimos tres años no ha sido el modelo escogido sino el mecanismo usado para sostenerlo.
Ese mecanismo, la urgencia manifiesta de la Ley 80, está diseñado para situaciones imprevisibles. Su uso repetido frente a una necesidad estable y calculable abre un nuevo ciclo de contratación directa y control posterior. El ciclo arrancó con la licitación de 2023, hoy en discusión judicial, con imputaciones contra el excanciller Álvaro Leyva y otros funcionarios.
Pero el problema no empezó ahí. El esquema anterior tuvo sus propios cuestionamientos: varios interesados objetaron que las condiciones técnicas de los pliegos hacían previsible un único proponente calificado, y así fue quedó la firma que venía imprimiendo las libretas desde 2007. Después vinieron la declaratoria como desierta de la licitación, la adjudicación revertida y la demanda de esa empresa contra el Estado. En los dos períodos el resultado fue el mismo y fue que la discusión no se resolvió por la vía contractual ordinaria.
De ahí salen cuatro criterios. Primero, el cronograma de la licitación anunciada debería estar dentro de esos cuatro meses de inventario. Segundo, los pliegos deberían partir de un estudio de mercado internacional publicado, que permita medir si hay pluralidad real de oferentes. Tercero, la continuidad del servicio puede pactarse por separado del modelo, con reglas de transición aplicables a cualquier adjudicatario. Cuarto, el expediente de la urgencia va a la Contraloría, y el control simultáneo suele ser más útil.
Para los ciudadanos la situación es más simple de lo que sugiere el panorama, pues no hay desabastecimiento declarado, las citas programadas siguen vigentes y el pasaporte actual conserva validez hasta su vencimiento. Tramitar con anticipación razonable es una decisión de planeación personal, no una reacción a los rumores.
La pregunta de fondo no es quién imprime la libreta. Es cuándo dejará de decidirse eso por la vía de la excepción.
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