• Daniel García Escobar

viernes, 9 de octubre de 2020

La recuperación del sector minero que venía avanzando lentamente desde que comenzó este Gobierno, ha visto un fuerte empujón en medio de una emergencia sanitaria donde la demanda y los precios de varios metales han tenido alzas inesperadas.

Estas circunstancias del mercado sumadas a recientes avances legislativos y judiciales en materia de actividades extractivas, constituyen un escenario ideal para sacar adelante el sector, lo que sería una gran oportunidad para la reactivación económica del país.

¿Cuál es en términos generales el panorama actual del sector?

Durante los últimos años la minería en Colombia viene recuperándose de un periodo de estancamiento y contracción reflejado en la caída de indicadores como la IED y el PIB del sector, así como en los índices confianza-inversionista. Esta reactivación viene impulsada por una serie de medidas del Gobierno Nacional, y por cambios jurisprudenciales y legislativos de gran impacto en las actividades extractivas.

Vale destacar por ejemplo la nueva ley de regalías a favor de municipios productores, el proyecto de ley contra la extracción ilícita, la firma del pacto para la productividad minera entre gobierno y gremios, las nuevas políticas en materia de incentivos a exploración y diversificación de minerales, y la implementación del nuevo catastro.

Igualmente, el avance en temas de relacionamiento nación-territorio y participación ciudadana ha sido significativo y ya contamos con un proyecto de ley en curso, y una línea jurisprudencial cada vez más sólida cuyas bases vienen de la SU-095/18, que dejó claro que no hay poder de veto a las actividades extractivas.

De cara a un escenario post-pandémico marcado por altos niveles de desempleo y pronósticos socio-económicos desalentadores, la minería adquiere un papel protagónico para el Gobierno, y su reactivación progresiva está teniendo ahora un empujón fuerte.

Esto tiene todo el sentido si consideramos que, según lo previsto por el MME solamente los proyectos prioritarios (tales como Buriticá, San Roque, Jericó y Soto Norte) podrían estar aportando unos 25.000 empleos y hasta $12 billones en inversión en los próximos años; además el alza de precios y demanda de minerales como oro y cobre ha despertado gran interés en los inversionistas.

¿Cuáles son los principales retos para seguir avanzando en la recuperación del sector?

El país se está dando cuenta de que la minería es y ha sido una industria clave para el desarrollo y con enorme potencial para generar beneficios, especialmente en las zonas más pobres y alejadas. Sin embargo, es clave que el Gobierno mantenga su voluntad política para que los proyectos prioritarios se materialicen y aquellas medidas e iniciativas mencionadas se implementen efectivamente.

Así mismo, urge redoblar esfuerzos en temas como la delimitación del páramo de Santurbán, la lucha contra la minería ilícita y el apoyo a procesos de formalización. Será fundamental trabajar en la eliminación de obstáculos a la exploración, permitiendo que inversionistas que están haciendo fila puedan invertir en estas actividades.

Por último, no podemos olvidarnos del carbón, que históricamente ha sido fundamental para las finanzas públicas y hoy necesita una mano para poder competir en los nuevos mercados.