Colombia Fintech presentó una hoja de ruta para el próximo cuatrienio (2026 – 2030). El texto plantea no un simple ajuste gradual, sino una transformación profunda para, a través de la actualización normativa, eliminar barreras de entrada, habilitar nuevos modelos y equilibrar innovación con estabilidad y protección al consumidor. A continuación, algunas preguntas resaltando lo bueno, lo malo y lo feo del estado regulatorio actual.
Lo bueno ¿Cuáles son los avances?
Existen avances regulatorios y de política pública importantes, orientados a la inclusión, competencia e innovación, bajo principios de competencia leal y neutralidad tecnológica. La creación de nuevas licencias de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera “SFC”, como las SOFICO reguladas mediante D. 1357/2018, formalizan la canalización de capital, o de las SEDPE, creadas mediante la L. 1735/2014 que habilita depósitos y pagos de bajo monto con menores requerimientos prudenciales.
Recientemente, mediante D. 1297/2022 y la C.E. 004/2024 llega el marco inicial de Open Finance, introducido que permite el intercambio estandarizado de información de los consumidores financieros vía su consentimiento y portabilidad, bajo obligaciones de gobernanza para la provisión de servicios de las entidades financieras e interoperabilidad. En pagos, Bre-B es un caso de éxito que ha logrado inclusión real por su facilidad y gratuidad. Se ha avanzado en supervisión, incorporando analítica y automatización a través de InnovaSFC y la arenera, fortaleciendo capacidades apalancadas en tecnología, aunque con retos de armonización de formatos y reportería.
Lo Malo ¿En qué seguimos fallando?
La rigidez normativa con requerimientos diseñados para entidades de gran escala dificulta la competencia y eleva costos de entrada. De ahí las pocas licencias para nuevos actores emitidas por la SFC. Las cargas de cumplimiento y reportería desproporcionadas frente al perfil de riesgo de pequeños competidores y la tasa de usura, restringe el microcrédito y crédito de mayor riesgo, limitando la inclusión financiera. Persisten brechas de interoperabilidad y estandarización técnica, con mora de una reportería unificada y adecuada al riesgo.
Lo Feo ¿Qué brilla por su ausencia?
Los criptoactivos no cuentan con un marco legal integral. La regulación fragmentada y la aproximación restrictiva de la SFC y el BanRep afectan los casos de uso (remesas, tesorería y tokenización) y la vinculación con el sistema financiero. El derecho comparado trae ejemplos como MiCA en la UE que evidencian la necesidad de un mercado regulado con un régimen de licencia o registro, obligaciones de custodia y segregación de activos, gestión de riesgos, y protección al consumidor para los proveedores de servicios de activos virtuales.
El paso a un enfoque habilitante exige proporcionalidad prudencial, con técnicas regulatorias basadas en riesgos, interoperabilidad y gobernanza de datos, promoción de competencia efectiva, e inclusión. La prioridad será dar certeza regulatoria a los criptoactivos, ajustar restricciones a la tasa de usura y optimizar la reportería, sin descuidar la protección al consumidor.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
