Maria Fernanda Galofre Quintana
Soy comunicadora social con énfasis en periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Me apasionan los deportes y los asuntos legales, durante la carrera escribí varios artículos deportivos y tuve la oportunidad de entrevistar personas importantes del medio, mi referente es Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports. Me encuentro haciendo un curso para periodista de motorsport en Barcelona. Disfruto mucho ir al gimnasio, al estadio y compartir con las personas que más amo.
La Superintendencia de Sociedades presentó un proyecto de nueva Circular Básica Jurídica que derogaría los capítulos de SAGRILAFT y PTEE para reemplazarlos por un sistema único de cumplimiento, denominado Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM y C/ST y Corrupción Local. El periodo de comentarios ya cerró, de modo que aún se trata de un proyecto y no de una obligación. No obstante, vale la pena anticiparse y repasar los siguientes puntos, especialmente al evidenciar que incluyen cambios de gran magnitud.
1. ¿Qué se propone?
El propósito del proyecto es unificar e integrar en un solo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos lo que hoy permanece separado: lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas (SAGRILAFT) y la transparencia y ética empresarial (PTEE). El énfasis se desplaza del cumplimiento formal hacia la efectividad. Ya no bastará adoptar manuales y políticas: habrá que evidenciar que se implementan, que generan resultados verificables y que responden a los riesgos propios de cada empresa. En términos simples, la autoridad administrativa se ha dado cuenta de que este tipo de sistemas, en algunas ocasiones, no ha sido tomado con la relevancia necesaria, y está adoptando las medidas para evidenciar sistemas de cumplimiento LA/FT/FP y C/ST reales y a conciencia.
2. ¿Quiénes estarían obligados?
El proyecto sustituye los umbrales en salarios mínimos por referencias en Unidad de Valor Básico (UVB), de ajuste automático, y elimina criterios como las transacciones internacionales o los contratos estatales para definir la obligatoriedad. Aplicaría a sociedades no vigiladas por otra entidad que reporten ingresos o activos iguales o superiores a 4.929.017 UVB (unos $59.690 millones para 2026). Con ello, el sistema podría cobijar a sociedades que hoy se creen fuera, incluidos sectores como construcción, manufactura y farmacéutico.
3. ¿Habrá cambios para el oficial de cumplimiento?
Sí, el estándar se endurece: oficial suplente obligatorio, sumado a la prohibición de que la función la ejerza un asociado, reglas expresas para la ausencia temporal del cargo y mayores requisitos formales para su designación ante la Superintendencia.
4. ¿Hay exenciones?
Sí. Se exceptúan de forma expresa las sociedades en causal de disolución por no cumplir la hipótesis de negocio en marcha y las que estén en liquidación judicial o voluntaria. En cambio, se mantiene la obligación para las sociedades en reorganización que conserven su condición de negocio en marcha y superen los umbrales.
5. ¿Qué deben hacer hoy las empresas?
Tres pasos: (i) verificar si quedarían obligadas bajo los nuevos umbrales en UVB; (ii) identificar las brechas entre lo documentado y lo efectivamente implementado; y (iii) revisar la figura del oficial de cumplimiento y los canales de denuncia.
Aunque el texto aún es un proyecto, el objetivo es muy claro: un cumplimiento integrado, basado en riesgos y medido por su efectividad. Adecuarse a tiempo, sobre todo en el paso del papel a la efectividad, toma tiempo, por lo que revisar oportunamente estos cambios resulta clave para anticipar impactos y evitar sanciones
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