• Alejandra Rico Muñoz

miércoles, 6 de septiembre de 2023

El Canciller Álvaro Leyva suspendió la audiencia de adjudicación de contrato de pasaportes. Dijo que se hace “en aras de la objetividad"

A menos de un mes de que se termine el contrato con Thomas Greg & Sons, la Cancillería terminó la suspensión de la licitación para el contrato de $600 millones para la ejecución de pasaportes. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó a una audiencia pública ayer para el proceso de adjudicación de la licitación y volvieron a suspender la decisión hasta el 12 de septiembre.

Los esfuerzos por suspender esta licitación para que fueran replanteados los pliegos fueron varios. Entre ellos está una acción popular presentada por el abogado Esteban Puyo Posada y una denuncia Penal disciplinaria presentada por Hernando Perea.

Acción Popular
El abogado Esteban Puyo interpuso una acción popular el 14 de julio de 2023 en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella asegura que las condiciones de la Licitación Pública 001 de 2023 vulneran los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica.

“La acción se presentó como respuesta a los requisitos establecidos en el proceso que hacían imposible la participación de proponentes diferentes al contratista actual, hecho que resultó evidente el pasado 12 de julio, cuando dicho contratista resultó ser el único proponente que entregó las muestras exigidas como requisito habilitante”, explicó Puyo.

Después de ser inadmitida la demanda por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Puyo presentó un recurso de reposición de apelación contra el auto. El 18 de agosto se presentó nuevamente el recurso de reposición y subsidio de queja contra la decisión anterior, para que se concedan los recursos.

Esta decisión la toma, en primera medida, el Tribunal y de negarse el mencionado recurso subiría en segunda instancia al Consejo de Estado. Este último recurso está en trámite, con lo cual, el auto que rechazó la demanda no está en firme.

Denuncia Penal
Hernando Perea, por su parte, denunció a varios miembros de la Cancillería y de Migración Colombia. Alegó que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a la Organización de Aviación Civil Internacional para la asesoría de los requisitos de los pliegos para la licitación. La cartera aseguró que los requisitos de la licitación habían sido establecidos por la Organización de Aviación.

Perea comparó el documento que resultó de la consultoría que contrató el Ministerio con los pliegos finales de la licitación. En su denuncia alega que la Cancillería no acató las recomendaciones en temas como el periodo de tiempo de implementación, la creación de un tercer chip y la planta de contingencia en Norteamérica.

Otras acciones
La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República también manifestaron su preocupación por las circunstancias de la licitación. De hecho, la Casa de Nariño le pidió explicaciones a la Cancillería sobre los nuevos pliegos y también solicitó una garantía de pluralidad de oferentes.

El Comité tenía hasta el primero de agosto para adjudicar o declarar desierto el proceso, pero ahora la decisión fue suspenderlo hasta ayer, cuando se reanudó.

“Las autoridades competentes están en el deber de darle curso a la denuncia desde los puntos de vista penal (Fiscalía), disciplinario (Procuraduría) y fiscal (Contraloría). El Ministerio de Relaciones Exteriores debe tomar en consideración la denuncia, que confirma todas las observaciones formuladas por los interesados, y tiene como fundamento un Informe de la Organización Internacional de la Aviación Civil, Oaci, como resultado de una consultoría contratada por el propio Ministerio”, explicó Saturia Esguerra, asesora jurídica, experta en derecho administrativo y contratación publica.

A lo largo de este proceso varias compañías del sector han presentado observaciones a los pliegos y los prepliegos, sobre aspectos incluidos en el proceso que dificultan, si no imposibilitan, la entrada de nuevos interesados y que, por lo tanto, restringen la pluralidad de oferentes y la libre competencia. Algunas de las empresas que presentaron las observaciones a los pliegos son: Smurfit Kappa, IN Groupe, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Idemia, Veridos México, Accesos Holográficos y Cadena.

Uno de los puntos que más recalcan es el de los tiempos estipulados por la Cancillería. Todas las empresas interesadas señalaron que los plazos son insuficientes para adquirir los insumos necesarios para la fabricación de muestras.

La licitación también formula condiciones geográficas excluyentes. Inicialmente, en los prepliegos se incluyeron dos requisitos que otorgaban puntaje adicional: el ofrecimiento de una planta de impresión en Bogotá, y el de una Planta de Personalización de Contingencia que se calificaba, según locación, privilegiando a Norteamérica, luego a Europa y, por último, a Suramérica.

Antecedentes

Por 25 años este contrato ha estado en manos de Thomas Greg. La empresa, que ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguridad en el mundo, tiene las impresoras y las plantas de producción que pide la Cancillería. “Durante ese periodo de tiempo, en linea con lo establecido por la OMC, la entidad tiene el deber de actualizar los requisitos de participación, de acuerdo con la realidad del mercado a la que se enfrenta ”, dijo Juan Duque Botero, socio de la firma Duque Botero.