• Alejandra Rico Muñoz

miércoles, 13 de diciembre de 2023

El estudio se realizó en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta, ciudades que agrupan 56,1% de los fumadores del país

La proliferación del contrabando de cigarrillos se ha convertido en una preocupación global, generando impactos significativos tanto a nivel económico como social. En primer lugar, este fenómeno compromete los ingresos fiscales de los gobiernos, ya que los productos de contrabando eluden los impuestos aplicados a los cigarrillos legales. Esta pérdida de ingresos afecta negativamente a programas gubernamentales esenciales como la atención médica y la educación.

Además, el contrabando de cigarrillos contribuye a la expansión de actividades ilícitas, pues los contrabandistas aprovechan la falta de regulación para llevar a cabo sus actividades ilegales. Este aspecto no solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino que también socava la integridad de los mercados legítimos y la competencia leal entre las empresas.

A nivel de salud pública, el contrabando de cigarrillos añade una capa adicional de complejidad al control del tabaquismo. Al facilitar el acceso a productos no regulados, se pone en riesgo la efectividad de las políticas de salud destinadas a reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias perjudiciales para la salud. No obstante, no hay muchos estudios que hablen sobre el contrabando de cigarrillos, por lo cual según los pocos análisis al respecto, no parece ‘ser un problema de marca mayor’. La Fundación Anáas, Proesa de la Universidad Icesi, la Universidad del Rosario y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile realizaron una medición independiente del comercio ilícito Colombia para entender de cerca esta problemática.

El estudio se realizó en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta, ciudades que agrupan 56,1% de los fumadores del país, esto lo concluyen los investigadores a partir de una muestra de 4.557 cajetillas, de 10 unidades, recolectadas en superficies como andenes, parques y contenedores de basura.

Su principal resultado es que el contrabando de cigarrillos en Colombia en 2023 es de 16,6%. Este porcentaje es menos de la mitad de lo estimado por la industria tabacalera, con 34%, lo que demostraría que el contrabando es una problemática global, latente en Colombia, pero moderada, que se debe combatir con mayores controles a nivel global y con la implementación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito ratificado por el país. Además, los investigadores demuestran con el estudio que el aumento de impuestos a estos productos no ayuda a que el contrabando aumente, este es el argumento de las tabaqueras para librarse de dicha ocbligación.

“Los estudios a nivel global muestran que el contrabando es mucho menor al que dicen las tabacaleras. En general, la diferencia está entre 30% y 60%. Ese es el tamaño de la exageración del problema del comercio ilícito. Que existe, no hay que negarlo, hay que abordarlo con las herramientas correspondientes de fiscalización y colaboración internacional”, afirmó Guillermo Paraje, líder de Tabaconomía, hub regional a nivel Latinoamérica de evidencia económica sobre impuestos al tabaco, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

Paraje también agregó que las afirmaciones de la industria tabacalera de una creciente penetración del comercio ilícito son infundadas y no están soportadas por datos sobre el consumo y los cigarrillos que pagan impuestos en el país. El artículo concluye que el comercio ilícito de cigarrillos en Chile ha disminuido en los últimos años y que la industria tabacalera ha incrementado de manera significativa y sostenida el precio de los productos lícitos en este país, especialmente los más baratos.

En el estudio agregaron que esta diferencia se debe a que el comercio ilícito ha sido utilizado globalmente por la industria tabacalera como una excusa para frenar el aumento de impuestos a estos productos que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, ha demostrado ser la medida más costo efectiva para el control del tabaco.

“Este estudio aporta, tanto a las autoridades fiscales como sanitarias, evidencia actualizada que permitirá focalizar mejor las acciones de control de contrabando, motivar el compromiso para que se adopten medidas eficaces como la adopción del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de cigarrillos y otros productos de tabaco. Y, por otro lado, le da herramientas al Ministerio de Salud y Protección Social, y al comité de etiquetado y empaquetado de cajetillas, para monitorear qué tanto se está cumpliendo con la regulación existente y qué brechas tenemos de la reglamentación actual que deben ser atendidas y fortalecidas”, agregó Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas.

El estudio también evidenció que continúan las tácticas de la industria tabacalera para cautivar a nuevos clientes como niños, niñas, jóvenes y adolescentes, población vulnerable a la publicidad, con diseños de cajetillas atractivos y uso de cápsulas saborizantes en los cigarrillos, lo que plantea nuevos desafíos a las políticas de control desde todos los lados posibles.

“Esta problemática es una cortina de humo de la industria para desviar la atención del hecho de que, por causa del cigarrillo, al año mueren 34.000 colombianos y le cuesta $17 billones a la economía del país, lo que equivale a cerca de 1,8% del Producto Interno Bruto Nacional”, concluyó Blanca Llorente.