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Jorge Hernán Peláez Sábado, 19 de enero de 2019

Adriana Zapata, socia y directora de Cavelier Abogados habló con Al Paredón sobre el perfil de los abogados y manifestó que se debe revisar el pénsum y el nivel de formación de las escuelas de Derecho que hoy están certificadas.

En 2018 no hubo reforma a la justicia, ¿en este 2019 cual creen ustedes va a ser el panorama?

La reforma a la justicia era una muy buena promesa para quienes somos sus usuarios. En nuestro caso, veíamos con muy buenos ojos, y esperamos que así siga estando dentro del proyecto que se va a presentar nuevamente en marzo, el tema del precedente judicial. No corresponde tanto a nuestra tradición jurídica, pero consideramos que el precedente como fuente primaria para la decisión judicial pasa de ser una doctrina probable a ser ya realmente un dictado que debe ser observado por jueces de inferior jerarquía. Nos parece que aporta enormemente al concepto de la predictibilidad que debe tener el derecho como su valor más importante para la sociedad. Pensamos que en el precedente encontramos parte de la solución a los grandes problemas que aquejan a la justicia. Muchos de los contenciosos a nivel empresarial están siendo derivados hacia las instancias arbitrales. Ahí se encuentran jueces conocedores en profundidad de los temas corporativos e industriales. Segundo la celeridad que no se encuentra en la justicia ordinaria. Ahí hay un buen aporte y una buena solución.

Ahí hay dos temas, siempre el presupuesto es insuficiente para la rama judicial, y el perfil y el talento en la rama judicial es diverso…

Eso obedece un poco a los perfiles, pero también en línea con lo del precedente, en la medida en que el precedente se vuelve mandatorio muy difícilmente el juez se podrá separar de lo que ha dicho su superior. Hay una profusión de facultades de derechos en universidades no certificadas. En ese sentido el país de be hacer una reflexión profunda sobre la calidad de abogados que está graduando. Debe revisarse el pénsum y el nivel de formación al que deben llegar las universidades que hoy no están certificadas.

¿Qué dicen sus clientes en los cambios tributarios con la nueva Ley?

Aparte de las consecuencias puntuales de la Ley de Financiamiento, lo que vale la pena poner de presente es la poca capacidad que tienen los industriales de poder proyectarse en el futuro a falta de unas reglas estables.

La industria, desde inversionistas locales hasta internacionales no soportan este continuo cambio de las reglas de juego. Ese cambio viene de muchas fuentes, unas los mimos fallos judiciales y otra a nivel legislativo. ¿Quién puede presupuestar así? ¿Quién puede considerar una planeación estratégica a cinco años? Cuando no se sabe exactamente el entorno normativo que lo espera.

¿Cuál es el sentimiento de los empresarios en general?

Hay todavía un gran nivel de incertidumbre. El entorno colombiano todavía no está esclarecido en relación con el marco jurídico para la inversión en determinados sectores.

¿Cómo observa el fenómeno de la Economía Naranja?

En ese punto particular, apoyamos 100% al Gobierno. La apoyamos porque realmente sentimos que la economía digital ha permeado la esencia de las industrias y las ha obligado a reinventarse a ellas mismas. Es un hecho que la innovación y el emprendimiento se han convertido en elementos muy importante de la supervivencia de las grandes compañías.

¿Cómo han sentido las nuevas tecnologías internamente en la firma?

Hemos hecho la tarea. Llevamos cinco años trabajando el concepto de innovación. Internamente la firma trata de verse de una manera participativa, todos sin excepción ayudamos en los procesos de mejora en como trabajamos, pero sobre todo en la propuesta de valor a los clientes. Esa transformación se viene dando también con el ecosistema innovador. Nos hemos aliado con emprendedores para poder prestar mejores servicios legales.

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