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Tecnología

La tecnología blockchain se incorpora al mundo del arbitraje para resolver conflictos

Expertos aseguran que una política pública, proferida por el Congreso de la República, le dará mayor seguridad jurídica al sector

28 de febrero de 2022

Diego Andrés Stacey Salazar

dstacey@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

Cada vez son más las esferas que, en su proceso de digitalización, han decidido adherirse al uso de la tecnología blokchain, convirtiéndose la justicia en una de ellas, específicamente el área de arbitraje.

Organizaciones internacionales como la Blockchain Arbitration Society y la plataforma Kleros ya han hecho uso del blockchain para la resolución de disputas y conflictos, otorgando a los usuarios mayor confiabilidad, reduciendo las posibilidades de corrupción.

A pesar de esto y del avance que han tenido distintos sectores para la implementación del blockchain en su agencia, aún quedan vacíos legales por parte de la justicia ordinaria y de la legislación, que impiden una incorporación completa de esta tecnología en el sector por falta de seguridad jurídica.

Es por esto que actores de la industria se han juntado y han creado gremios, como es el caso de la Asociación para Emprendedores de Blockchain (AsoBlockchain), la cual se fundó en agosto del año pasado y que surge como respuesta a “la zozobra en cuanto al arbitraje de criptoactivos, pues no hay reglas claras sobre el tema en Colombia”, aseguró Camilo Suárez, presidente del gremio.

Pero, entonces, ¿cómo funciona el blockchain en el arbitraje y por qué aún no ha sido posible regularlo?

Lo primero que hay que entender es que el blockchain, que traduce a cadena de bloque, funciona como un “libro mayor compartido e inmutable”, según IBM. Entre las ventajas que presenta esta tecnología está la descentralización de la información, por lo que cada actor puede acceder a ella de manera individual. Esto, no obstante, hace que la regulación sea casi obsoleta, pues se perderían los beneficios que genera este acceso libre: transparencia, eficiencia y mayor seguridad.

Los datos que se suben a esta cadena se conectan a otros y así sucesivamente. Por tal motivo, la información allí constada es prácticamente inalterable.

“Nada es 100% incorruptible, pero por la distribución de la cadena, permite que sea mucho más confiable”, señaló Andrés Sarmiento Vargas, abogado litigante y consultor.

Con esto en cuenta, la práctica de arbitraje ha decidido hacer uso del blockchain, con el fin de agilizar sus acciones y decisiones. Cabe recordar que este es un mecanismo, alternativo a la justicia ordinaria para resolver conflictos. Las partes que se encuentran en disputa asignan a un árbitro, que no tiene que ser un abogado exclusivamente, para solucionar la controversia que dan a conocer en un laudo arbitral, que dicta la sentencia o la decisión tomada.

Como explicó José Cano Valencia, asociado de Nieto Abogados, en la actualidad hay dos opciones principales en las que se puede combinar el arbitraje con el blockchain. El primer modo es cuando el tribunal de arbitraje hace uso de esta tecnología. Este es el caso de la plataforma Kleros, la cual, para acceder a ella, obliga que “desde el momento en el que se celebra un contrato con su contraparte, se ingrese un smart contract en la plataforma y se ejecuten sus prestaciones por ese medio”, explicó Cano.

LOS CONTRASTES

  • José Cano ValenciaAsociado en Nieto Abogados

    “Si bien considero que se debe hacer una política pública para ver cómo se va adaptando esta tecnología, creo que se va a demorar teniendo en cuenta la reticencia”.

  • Camilo SuárezPresidente de AsoBlockchain

    “Para que una industria o un negocio crezca en un país, debe tener claras las reglas del juego. Hasta el día de hoy la mayoría de las actividades se hacen de manera informal”.

Por ejemplo, si una persona contrata a otra para hacer un trabajo como una página web, en vez de pagarle directamente, transfiere los fondos a la blockchain y se congelan hasta que la contraparte cumpla con sus obligaciones. Una vez la persona aprueba que se cumplió el servicio, su parte contraria puede acceder al dinero.

No obstante, en caso de que no se cumpla con lo acordado, Kleros asigna inmediatamente a árbitros expertos en el área en cuestión para que evalúen las pruebas presentadas por cada parte en la cadena de bloque y tomen una decisión.

El centro, hasta la fecha, cuenta con 761 jurados activos alrededor de todo el mundo, que han resuelto más de 1.120 disputas.

“La ventaja es que no existiría la necesidad de ir a un juez para la ejecución”, afirmó Cano.

La segunda opción, según el abogado, es mediante un tribunal experto en el tema del blockchain, que, además de hacer uso de la tecnología, pueden proferir casos que se refieran a criptomonedas o al metaverso.

Este es el trabajo de la Blockchain Arbitration Society, ubicada en Madrid, la cual ya emitió su primer laudo arbitral respecto al tema.

El arbitraje en sí mismo, según Cano, en Colombia solo tiene naturaleza declarativa pues, para ejecutar la decisión del árbitro, hay que presentarse ante la jurisdicción estatal. No obstante, gracias al blockchain, el laudo podría ejecutarse de manera automática.

Aún así, esto causa controversia, pues se le estaría quitando poder a los jueces de la República, por lo que aún su aplicación, entre otros motivos, es polémica.

Para Cano, más que regular el blockchain aplicado al arbitraje, se debe “reconocer cómo está funcionando”. Esto se traduce en crear una política pública que tenga en cuenta la existencia de estas nuevas tecnologías.

En esta línea, AsoBlockchain trabaja como un organismo consultor para procurar la concertación de normativa en pro a la implementación de esta tecnología en el país.

Antecedentes

Otra barrera que pretende superarse por medio de la blockchain en el arbitraje, es la falta de conocimiento de la justicia ordinaria sobre temas de la materia, como son las criptomonedas.

Cada vez se masifican las transacciones en este tipo de denominación, por lo que para el abogado Andrés Sarmiento, los tribunales de blockchain dan mayor acceso a la ciudadanía.

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