No es una tarea fácil, el primer paso que se debe dar es el mapeo de las zonas amenazadas por las minas antipersonal, pues se tiene que cruzar información de distintas fuentes que luego deberá corroborarse en el terreno.
Estudios preliminares dan cuenta de que por lo menos, 688 municipios, casi el 63% del territorio nacional, tienen algún grado de riesgo en sus áreas rurales por minas antipersonal, que desde 1.990 ha dejado 11.043 víctimas, entre ellas 1.110 menores de edad.
Por su naturaleza, las minas antipersonal infringen las normas de la guerra relativas a la distinción entre civiles y combatientes, al igual que la prohibición de emplear armas que puedan causar sufrimientos innecesarios.
La estructura legal de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma) en Colombia está conformada por dos tipos de normas: por un lado, aquellas relacionadas directamente con la regulación de la Aicma en Colombia y, por el otro, las disposiciones que apoyan su ejecución, en el marco de iniciativas de más largo alcance.
La Ley 469 de 1998, aprobó la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, con sus cuatro protocolos.
Posteriormente el Estado colombiano ratificó la Convención de Ottawa a través de la Ley 554 de 2.000, sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2.000.
Es necesario resaltar varios puntos de la Convención de Ottawa, como la definición clara de su objeto de prohibición, que obliga a cada Estado parte a retirar o destruir, en un plazo de 10 años a partir de su entrada en vigor en cada país, todas las minas antipersonal bajo su jurisdicción o control.
No obstante, se prevé la posibilidad de solicitar una prórroga, de máximo diez años, ante la imposibilidad de eliminar todos los campos minados en el territorio nacional.
Es decir, que Colombia debería haber desminado hasta el año 2010, pero ahora se prorrogaría hasta el 2020.
El objeto de la Convención de Ottawa es que cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: emplear minas antipersonal; desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal y ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado parte conforme a esta convención.
El artículo quinto señala que cada Estado parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de la Convención.
A nivel nacional, el arreglo institucional colombiano replica el modelo de coordinación concebido internacionalmente, en donde la responsabilidad de la formulación de la política pública recae en un cuerpo interministerial y la responsabilidad de la coordinación es asumida por una organización de carácter técnico.
Por su parte, la Ley 759 de 2.002, da cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal.
El Decreto 2150 de 2007, crea el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
El Decreto 1290 de 2008, crea el Programa de Reparación Individual por vía administrativa para las víctimas de los Grupos Armados Organizados al margen de la Ley.
En conclusión, con el acuerdo del Estado colombiano con las Farc, Colombia podría cumplir la Convención de Ottawa de desminar el territorio nacional, con una prórroga de diez años más desde su ratificación.
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