viernes, 18 de julio de 2014

Este tema ha surgido recientemente en las agendas de política pública, como una estrategia de los gobiernos para impulsar economías sostenibles y mercados financieros estables. Esta iniciativa está soportada en la premisa de que si los ciudadanos tienen mayores niveles de conocimiento y habilidades en esta materia y son conscientes de sus derechos y deberes, tienen también mayores capacidades para comprender y tomar decisiones económicas, que redunden en su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.

En Colombia, por sugerencia de Asobancaria hace seis (6) años, el Congreso de la República, a través de la ley 1328 de 2009, incorpora la educación financiera como principio de protección a los consumidores financieros. Pero, es el gobierno del Presidente Santos, también a solicitud de Asobancaria, el que la establece como uno de los apoyos transversales a la competitividad de nuestro país, quedando así registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En ese entonces, se avanzó aún más, al haberse establecido, en la ley que lo aprueba, que el Ministerio de Educación Nacional debería de incluir, en las competencias básicas, la económica y financiera.

En 2012 Asobancaria y el Ministerio de Educación consolidaron una alianza público-privada, formalizada en el convenio 024 del mismo año, para el diseño e implementación de un Programa que cumpliera con este mandato. El pasado 3 de julio se presentó el primer gran resultado de este convenio: el documento que contiene las orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera para ser impartida desde primero hasta el onceavo grado.

No se puede perder de vista que con este documento tan solo estamos culminando una primera etapa, que permite abrir el espacio para el inicio de una segunda cuyos retos son aún, quizás, más grandes. Estos consisten en lograr que, en un par de años, todos los establecimientos educativos, públicos y privados, hayan incorporado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el desarrollo de las competencias económicas y financieras. 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y las naciones, y debe entenderse no sólo como transmisora de conocimiento, sino también como generadora de capacidades y actitudes que aportan a la convivencia armónica como sociedad. Es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico al propiciar movilidad social; reducir desigualdades económicas y sociales; facilitar el acceso a empleos más calificados; generar mayor igualdad de oportunidades y fortalecer la formación ciudadana. 

La educación es entonces una inversión estratégica, porque contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas, productivas y competitivas. 

En Colombia, de tiempo atrás el Gobierno Nacional ha vinculado al sector educativo con su estrategia de competitividad, buscando potencializar el desarrollo y la sostenibilidad económica. El Ministerio de Educación, en consecuencia, ha construido la noción de educación pertinente, entendiéndola como: 

“Aquella que está en condiciones de aportar a la transformación y desarrollo de las comunidades locales y nacionales, preparar para la inserción en el mundo del trabajo en la medida en que se articula con el sector productivo y aporta a la construcción de un mundo más justo, más equitativo y comprometido con el ambiente”.