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Lunes, 21 de octubre de 2013

El debate de la reforma a la salud concluyó en el Senado, y el Gobierno Nacional no respondió a mis preguntas. Se trata de un cuestionamiento puntual y sencillo basado en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Contralora General de la República y la Procuraduría General de la Nación: Todos ellos han dicho con claridad que los dineros de la unidad de pago por capitación, son dineros públicos.

Es decir, que la prima anual que el Estado les reconoce a las entidades promotoras de salud- EPS- por administrar el plan obligatorio de salud -POS- de cada afiliado, es un recurso de la nación, es dinero de todos, recursos sagrados. 

Por esta vía, los hospitales que han construido las EPS a partir de la integración vertical con dineros de la unidad por capitación, son públicos, pues se han levantado con recursos de los colombianos, de modo que su infraestructura, en caso de que desapareciera la integración vertical en el nuevo proyecto de reforma a la salud, pasaría a ser administrada por la Nación. 

Recordemos el caso de Saludcoop que gracias a la integración vertical, alcanzó a aglomerar un conjunto de 26 empresas, entre clínicas, cooperativas, laboratorios y compañías de salud que según la investigación de la Revista Semana, operaban no solo para beneficiar a los casi cuatro millones de usuarios que tiene en la actualidad, sino, al parecer, para favorecer a su casa matriz. En este caso, sería necesario investigar de donde salieron los recursos para la construcción de tal infraestructural. 

Así las cosas, estaríamos frente a la posibilidad de solucionar parte de la crisis de la red pública de hospitales en el país a través de esta nueva posibilidad; por lo que es fundamental conocer una postura del Gobierno Nacional en donde reconozca y nos diga con claridad si o no, la unidad de pago por capitación y la infraestructura de esas EPSs y cajas de compensación con integración vertical, es una infraestructura pública o privada. Yo quisiera oír del Ministro de Salud y del Gobierno, una posición frente a estas preguntas, ahora que conocemos con claridad la postura de la Corte Constitucional, del Procurador Alejandro Ordoñez y de la Contralora Sandra Morelli. ¡Sigo esperando!