• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

jueves, 10 de diciembre de 2020

La inminencia de la diligencia revivió los cuestionamientos sobre la demanda interpuesta por la empresa, que tiene pretensiones por $9,9 billones

Las controversias asociadas a Hidroituango no dejan de acaparar los titulares. La semana pasada la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, anunció la imputación por presunta responsabilidad fiscal a 28 personas, naturales y jurídicas, por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango. Ahora, los ojos están puestos en la conciliación prejudicial que tendrá lugar mañana en la Procuraduría General de la Nación.

La conciliación

Hace cuatro meses se desató una tormenta política y empresarial cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero, anunciaron una demanda que se calcula en $9,9 billones a los consorcios constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico.

Las partes fueron: el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), a cargo de los diseños del túnel auxiliar y el constructor del megaproyecto, el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.). Además, el Consorcio Ingetec y Sedic, responsables de la interventora y las empresas aseguradoras: Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros.

Antes de acudir al juez y elevar la demanda contra los consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación, que es el que se llevará a cabo este viernes en la Procuraduría General. La reunión está citada a las 3:00 p.m. y será instalada por el procurador general Fernando Carrillo, quien luego dejará encargado de la conciliación al procurador delegado Iván Darío Gómez Lee.

La polémica

La inminencia de la diligencia ante la Procuraduría ha revivido buena parte de los cuestionamientos que, en su momento, se hicieron cuando se anunció la demanda. La más reciente corrió por cuenta del abogado Javier Tamayo, quien en un momento fue consultor del proyecto y emitió un pronunciamiento de 21 páginas en el que advirtió sobre los posibles perjuicios para EPM por la conciliación.

Uno de los cuestionamientos de Tamayo tiene que ver con que, a su juicio, la solicitud de conciliación prejudicial abre la puerta para que la sociedad Hidroituango demande a EPM.

“Lo anterior, toda vez que en responsabilidad civil, la culpa de los subcontratistas frente a terceros compromete la responsabilidad del contratante. En ese sentido, si hay culpa de los subcontratistas (en este caso, el consorcio constructor y el interventor), habría también una culpa de EPM frente a Hidroituango”, dijo el abogado.

“Por tal motivo, es una pésima estrategia procesal confesar culpas de los propios subcontratistas, si esas servirán de base al consorcio para reclamar multimillonarias indemnizaciones”, agregó.

Sobre ese punto, una fuente de EPM señaló que quien dictamina si hubo responsabilidad o no de los constructores es un juez. Sin embargo, si el juez dictamina que este efectivamente tuvo responsabilidad y la empresa no tiene una demanda contra el constructor, sino simplemente contra el diseñador, tendría que pagarle a la sociedad Hidroituango los daños, perdiendo así la oportunidad de que el constructor reembolse. Además, que los consorcios en mención no fueron contratados por EPM, por lo que el cuestionamiento no se sostiene

Otra de las críticas de Tamayo tiene que ver con los términos de caducidad. Para el abogado, es problemático que el término de dos años de la acción iniciada por EPM sea contabilizado a partir de la ocurrencia de la contingencia, pues señala que este debe contabilizarse desde la fecha de liquidación del contrato “lo cual, hasta la fecha, no ha ocurrido”, y que la demanda contra todos los contratistas con la obra a mitad de camino pone en riesgo su continuidad. “¿Cuál era el afán de presentar una demanda contra tantos demandados?”, se pregunta.

Cabe recordar sobre este punto que, el pasado 20 de noviembre, el vicepresidente de asuntos legales de EPM, Alexander Sánchez, respondió a la pregunta sobre cómo computar el término de caducidad en una carta dirigida al gerente general, Álvaro Rendón.

“Como subsiste la posibilidad de que la oportunidad de la demanda de EPM en contra de sus contratistas sea examinada desde cuando se presentó la contingencia del proyecto hidroeléctrico, resulta legítima la actuación de EPM al radicar la solicitud de conciliación prejudicial en el momento en que lo hizo”, dice la carta.

“Esta era la única manera de prevenir de manera efectiva el acaecimiento de la caducidad y proteger el patrimonio público”, agregó. Además, en la misiva advirtió que apartarse de la línea de acción tomada “crea el riesgo probable e innecesario de no poder reclamar judicialmente las cuantiosas pretensiones involucradas en el presente caso”.

Otra crítica de Tamayo versa sobre la inclusión del informe de causa raíz de Skava sobre la contingencia como prueba para la demanda de $9,9 billones.

Este, cabe recordar, estableció, entre otros puntos, que la causa del colapso del túnel de desviación que derivó en la emergencia fue “una combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción, que hicieron la parte del túnel que colapsó particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas”.

Antecedentes

La veeduría ciudadana TodosxMedellín advirtió que sin un acuerdo extrajudicial entre las partes no se podrá mantener el proceso de construcción, ni el cumplimiento del cronograma hasta la entrega de la obra. También, que si EPM insiste en la presentación de la demanda, Hidroituango probablemente quedará sin contratista a partir del primero de enero de 2021. Sin embargo, desde la empresa se aclaró que las prórrogas se van a firmar, independiente de que haya o no acuerdo.