• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

sábado, 5 de diciembre de 2020

En la entidad hay en curso una investigación disciplinaria en contra 25 personas, incluidos varios funcionarios y miembros de junta directiva

Esta semana el país político y empresarial se sacudió con el anuncio de la Contraloría de imputar cargos a 28 presuntos responsables fiscales por fallas en el diseño y la ejecución del proyecto Hidroituango.

Sin embargo, ese proceso no es el único que avanza por ese caso, pues la Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene plazo hasta el 26 de abril de 2021 para proferir pliego de cargos por la investigación disciplinaria que abrió debido a la emergencia que el proyecto desencadenó en 2018.

En qué va la Procuraduría

El 11 de febrero de 2019, a raíz de la contingencia que se presentó el año anterior, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto, su control y vigilancia que podrían haber incidido en la contingencia social, económica y ambiental presentada desde abril de 2018 y en la gestión, manejo y control de la contingencia”.

La indagación vincula a 25 funcionarios, exfuncionarios y miembros de junta, entre los que destacan: dos directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia González y Rodrigo Suárez; los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Pérez; tres exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle, Federico Restrepo y Jorge Londoño; y dos exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.

En agosto de este año, se prorrogó la investigación y se decretó la práctica de pruebas de oficio relacionadas con la demanda de EPM contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por $9 billones.

Como se lee en el auto, el tiempo para llevar a cabo la investigación, al tratarse de 25 disciplinados, es de 12 meses aumentables hasta en una tercera parte, es decir, 16 meses. En ese orden de ideas, los términos de la investigación se habrían vencido en el 11 de junio de 2020, y si se suma el tiempo que los términos estuvieron suspendidos por la pandemia (dos meses y nueve días), habrían vencido el 20 de agosto.

Sin embargo, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de prorrogar esos términos en la mitad del tiempo, en caso de que hicieran falta pruebas, la entidad prorrogó esta etapa procesal por ocho meses (la mitad de los 16 iniciales).

Esto quiere decir, en otras palabras, que los términos de la investigación disciplinaria de la Procuraduría se vencen el 26 de abril de 2021. En esa fecha, la entidad podría proferir pliego de cargos a los disciplinados contra los que haya méritos.

“Hay que tener en cuenta que, si bien los términos son esos, la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que si estos expiran la Procuraduría puede seguir adelantando la investigación y resolviendo el caso”, explicó Manuel Eduardo Marín, abogado de Tobar & Romero Legal. Esto, porque se considera más importante la verdad real y la investigación integral que el cumplimiento de esos términos.

“Lo importante es que la entidad tiene máximo cinco años para resolver todo, desde que abre la investigación hasta el fallo de primera instancia, de lo contrario, la acción prescribe”, agregó Marín.

Además de esto, en septiembre la entidad requirió a EPM y Mapfre Seguros que certificaran y anexaran información sobre el informe de la reaseguradora que presuntamente se había ocultado. Este era un estudio de causa raíz en el que se detallan una serie de inconsistencias en el desarrollo del proyecto.

En ese momento, además, se ordenó citar a declaración jurada al gerente de EPM, Álvaro Rendón, y al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que rindieran testimonio de sus declaraciones sobre el estudio, en el sentido de que deliberadamente las administraciones anteriores se las ocultaron durante el empalme. Hasta el momento, esas pruebas no han sido recaudadas.

Las diferencias entre los dos procesos

A pesar que tanto Contraloría como la Procuraduría tienen procesos por Hidroituango estos no son equiparables, entre otras, por las siguientes razones: tienen finalidades distintas (uno es fiscal y el otro disciplinario); los tiempos procesales en cada caso son diferentes (ver gráfico); y los hechos investigados, si bien tienen que ver con la hidroeléctrica, son distintos, cometidos presuntamente en épocas diferentes (que en algunos casos se traslapan), y con personas diferentes (aunque haya nombres comunes a ambos procesos).

Por ejemplo, la Contraloría se enfoca en “la suma de errores” en la planeación y ejecución del proyecto, que derivaron en la emergencia de 2018 y el daño fiscal. En cambio, la Procuraduría analiza también la gestión de esa contingencia, lo que explica que en este proceso, a diferencia del otro, estén vinculados los directores de la Anla ya mencionados, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez o el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, que debieron atender tal emergencia durante sus periodos de gobierno (2016-2019).

Lea los autos en los documentos adjuntos.