A $100 millones podría llegar demanda de un preso

Actualmente, los principales problemas del sistema penitenciario y carcelario son el hacinamiento y la prestación del servicio de salud, sumado a grandes dificultades en materia de violencia, fallas de diseño en la construcción de cárceles, demoras en los traslados, entre otros.

Según el representante a la Cámara Iván Cepeda, la situación en estos sitios es catastrófica, “es una situación en la cual se manifiestan síntomas que afectan a un número significativo de personas, bien sea por brotes epidémicos, situaciones de violencia, incluso el estado en el que están algunas de las edificacionen donde se albergan cientos de personas. Todo esto es una mezcla de una política final que desde todo punto de vista es absurda más el hacinamiento, lo que empeora la situación de ausencia de servicios elementales como el agua, atención médica y buena alimentación.

Ante la vulneración de sus derechos fundamentales, Cepeda afirmó que tanto los presos como sus familiares tienen todo el derecho constitucional de demandar al Estado.

Según los expertos, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, han evidenciado en sus fallos y sentencias que la situación carcelaria está en una condición precaria, por lo tanto no es un secreto que el hacinamiento, las bajas condiciones de salubridad, atención médica y otros aspectos, vienen ocurriendo desde hace varios años. Según el abogado penalista, Francisco Bernate, los presos tienen la facultad de demandar por todas estas situaciones irregulares que se presentan en los establecimientos, y en promedio las demandas serían de $100 millones por afectado. Esto teniendo en cuenta la edad y la situación del preso. En caso de muerte, los familiares tienen el derecho de demanda contra el Estado. Para los juristas, en estos procesos tendrían las de ganar los demandantes debido a violación de sus derechos.

De acuerdo con información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para 2012 existen 100.959 reclusos en el país, la cual estima una población carcelaria para 2022 de 173.679 detenidos.  Sin embargo, el Ministerio de Justicia presentó durante su debate político por la situación carcelaria en el país, cifras a corte del 6 de Agosto de 2012 de 111.242 presos, entre ellos únicamente 78.525 condenados.

Es decir, si cada  preso o un familiar decide demandar al Estado por las condiciones en las que vive, las sumas que tendrían que pagar serían millonarias.

El hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario se encuentra en 48%, en donde el centro de reclusión con el porcentaje mayor es el de Riohacha con 364% y el menor es la cárcel de Manzanares  Caldas con  -100%. Lo anterior, por problemas geológicos del terreno donde está construida la penitenciaria, que obligaron a trasladar los reclusos a cárceles aledañas.

En el caso de Bogotá, el personero Ricardo  Cañón, criticó las demoras en el traslado de los reclusos hacinados en la cárcel Modelo hacia la Cárcel Distrital.

“Se han tardado mucho tiempo en la firma de un convenio para albergar en la Distrital 300 personas  provenientes de la cárcel Modelo porque los cupos están. Frente a una urgencia como esta de derechos humanos, tenemos estos tipos de posibilidades de solución mientras se consiguen otros esquemas, pero los mismos funcionarios no toman decisiones prontas”, añadió.

Para atender la crisis de hacinamiento, desde años atrás, el gobierno anunció la construcción nuevas cárceles. Mediante Conpes 3575 sobre la Estrategia para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios, se aprobó la construcción de 11 cárceles en el país, entre ellas, Medellín, Puerto Triunfo, Guaduas, Bogotá, Yopal, Acacias, Florencia, Jamundí, Ibagué, Cúcuta y Cartagena,  con una inversión de más de $900 mil millones.

Para María Victoria Duque, subdirectora de la revista Razón Pública, “estas cárceles las empezaron a entregar no al 100% de su funcionamiento sino en un 20%, se evidenciaron gravísimos problemas de diseño, son cárceles que no garantizan la seguridad de los presos ni en el momento de una fuga. Además, cuando se entrega una construcción al mejor postor, no se lleva a cabo un proceso que garantice la experiencia, entonces resultan constructores normales haciendo cárceles y por eso son los problemas de diseño tan graves que se vieron de estas cárceles del Conpes.  

Un ejemplo de lo anterior, es la cárcel de Guaduas, en la que se invirtieron más de $90 mil millones para alojar a 2.824 personas,  pero por sus fallas en la construcción y escasez de agua,  alberga únicamente a 689 presos.

Así mismo, el Ministerio de Justicia, anunció la construcción de nuevas cárceles, “en agosto de 2011 se firmó el Convenio de Asesoría y Cooperación Técnica No. 220 con la Corporación Andina de Fomento, CAF, por valor de US$ 320.000. El objetivo consiste en la estructuración de un proyecto para la ampliación de la capacidad en 36.000 cupos, mediante la construcción de seis  a ocho nuevos establecimientos, cada uno con cupos desde 3.500 hasta los 4.500 aproximadamente”, aseguró  la ministra, Ruth Stella Correa en el debate de control político ante la Cámara. Además, anunció modificaciones al Código Penitenciario.

Al respecto, Michael Reed Hurtado, experto internacional en sistemas carcelarios, aseguró que las salidas que anuncia el gobierno de construir más cárceles, privatizar su manejo, hacer mega prisiones o reformar el Código Penitenciario, son salidas en falso. “El problema va al fondo de la política penitenciaria, y es allí donde debe debatirse y resolverse”, agregó.

En cuando al tratamiento a los reclusos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU,  establece las reglas mínimas adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.  En síntesis, las reglas sugieren que las celdas destinadas al aislamiento no deberían ser ocupadas por más de un solo recluso; estos, deberán satisfacer las exigencias de higiene, alumbrado, calefacción y ventilación;  deberán disponer de agua y de artículos de aseo indispensables para su salud. Adicionalmente, todo establecimiento dispondrá de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos en psiquiatría;  facilitará el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, además, todos los reclusos deben poder utilizar los servicios de un dentista calificado.  

De este modo, Cepeda afirmó que en el país se desconocen las normas fundamentales que han sido hechas para regular el sistema penitenciario y carcelario desde la normatividad internacional y que los problemas de salud, son el reflejo del actual sistema.

Las opiniones

Francisco Bernate
Abogado Penalista
Los presos tienen la facultad de demandar por todas estas situaciones irregulares que se presentan en los establecimientos, y en promedio las demandas serían de $100 millones por afectado. Esto teniendo en cuenta la edad y la situación del preso.

Ricardo Cañón
Personero de Bogotá
Al lado de los derechos humanos hay deberes humanos, en donde todas las personas que teniendo las competencias para definir la situación actual de las cárceles, no consideran su deber plantear una solución urgente, en este caso, la demora del traslado de la Picota a la Distrital