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Alejandro Pastrán miércoles, 11 de agosto de 2021

El abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal, aduce violación del debido proceso y pide aplazar la audiencia

En la mañana de este miércoles inició la continuidad de la audiencia de solicitud de caducidad del contrato que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) le adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020 por $1,07 billones.

Al inicio de la audiencia, el abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal, pidió aplazar la audiencia para el 3 y 4 de septiembre argumentando que él había presentado una incapacidad médica para la primera citación de la audiencia.

Pese a la solicitud de Pino, Adriana Vivas Robles, asesora del Ministerio y delegada para el trámite de la caducidad, presentó un pliego de argumentos para rechazar la solicitud de aplazamiento planteada por el abogado de Centros Poblados aduciendo que “estamos frente a un proceso sancionatorio en el cual están involucrados recursos públicos”.

En ese sentido, Vivas le pidió al abogado Pino que hiciera una presentación de su recurso de reposición y lo sustente, “porque su enfermedad carece de elementos".

Así las cosas, al intervenir de nuevo en la audiencia, el abogado Pino aseveró en primera medida que “esta es una sustentación parcial. Hubiese deseado que una vez culmine la interrupción del plazo, tener la posibilidad de profundizar en estos argumentos".

El abogado de Centros Poblados indicó que se ha violado el debido proceso en la audiencia dado que no se ha tenido en cuenta la presunción de inocencia ni de buena fe que está establecida en la Constitución.

Pino aseveró que “es importante interrogar a los funcionarios del Banco Itaú sobre la garantía presentada. Ellos intervinieron y yo lo quería demostrar". Agregó que “para el Ministerio la plena prueba es que el Banco diga que no expidió esa garantía. Se ha vulnerado el debido proceso a la Unión Temporal por el prejuzgamiento de la ministra”.

Posteriormente señaló que “el único resultado posible según las afirmaciones de la ministra en Twitter es la caducidad. No hay presunción de inocencia ni de buena fe".

En las últimas horas, luego del escándalo por las garantías falsas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Banco Itaú se pronunció al respecto.

A través de un boletín de prensa, la entidad bancaria aseguró que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Mintic son falsos”.

Además, indicó que el banco no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, ya que la entidad atiende esos trámites directamente, a través de sus propias oficinas y funcionarios.

“Cuando el banco recibió copia de los documentos en mención, advirtió su falsedad en su contenido, forma, numeración y firmas. Esta situación fue informada en la audiencia de sanción contra la Unión Temporal Centros Poblados, dejando claro al Ministerio que por ser documentos falsos el banco no tenía relación de garante”, detalló el comunicado.

Itaú también manifestó que ha certificado que el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y que la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad.

Vale mencionar que la Unión Temporal Centros Poblados recibió en licitación el contrato para cubrir la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

El escándalo se destapó cuando se conoció que en el proceso se realizó un anticipó de $ 70.000 millones, recursos que algunos expertos del sector consideran que van a ser muy difíciles de recuperar.

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