Abogados del Estado, con más poder e influencia

La semana pasada, un importante bufete de la abogacía de los negocios, Hogan Lovells, nombraba al abogado del Estado, Lucas Osorio, como socio director. Hace menos de un año, otro gran despacho del derecho empresarial, Clifford Chance, aupaba al mismo puesto a otro miembro en excedencia de la Abogacía del Estado: Jaime Velázquez Vioque.

Estos dos nombramientos han confirmado una tendencia de los últimos tres años, y es la colocación de los abogados del Estado al frente de importantes y prestigiosos bufetes en España, como Baker & McKenzie (Manuel Pizarro), Linklaters (Sebastian Albella), Ashurst (Gonzalo Jiménez-Blanco) o Latham & Watkins (Antonio Morales).

Siempre ha habido miembros de este cuerpo de élite situados como socios en importantes bufetes, pero nunca tantos en la primera línea ejecutiva o en la presidencia de las firmas, pues a los citados anteriormente hay que añadir a César Albiñana (CMS Albiñana & Suárez de Lezo) y a Pedro Ramón y Cajal y Francisco Palá (Ramón y Cajal).

Según el socio presidente de Ashurst, Gonzalo Jiménez-Blanco, “no todos los abogados del Estado llegan a los primeros puestos de gestión en las firmas, sino que sólo acceden cuando se acredita una capacidad de gestión y después de años en el bufete”.

En total, de los 657 abogados del Estado con plaza -últimos datos en el BOE, de 2012- un total de 252 (un 38%) está en excedencia voluntaria. La mayoría, además de ejercer la profesión en despachos, desempeña su trabajo como directores jurídicos, consejeros o secretarios generales de grandes compañías. Tan sólo en el Ibex 35, casi la mitad de los secretarios del consejo -un total de 16- son abogados del Estado. Una de las últimas en estrenar cargo en este selecto grupo ha sido Mónica López-Monís, que desde diciembre de 2013 ocupa la secretaría general y del consejo de Bankinter.

Jiménez-Blanco asegura que hay dos tipos de abogados del Estado: “Los más clásicos, que no desean de ningún modo salir de la Administración, y los que tienen un perfil más comercial, y que por ello son objeto de deseo para despachos y empresas”.

Los más influyentes
Recientemente, la revista Forbes, en su clasificación de los 13 letrados más influyentes de España, ha incluido a cinco abogados del Estado: Manuel Pizarro (Baker), Julián Martínez Simancas (Iberdrola), Ignacio Benjumea (Santander), y Borja Acha (Endesa) -todos ellos en excedencia-, además de la propia abogada general del Estado, Marta Silva.

Pero además de los excedentes, muchos otros se encuentran en una situación denominada servicios especiales, que incluye a los que actúan en los servicios jurídicos de empresas relacionadas con el sector público, como Renfe, Correos, Cesce, Navantia, Tragsa o Metro de Madrid, y a los que están en cargos de libre designación en la Administración, como los secretarios generales técnicos de los ministerios. Por supuesto, también a los cargos políticos que ocupan un puesto de responsabilidad.

Cuando Mariano Rajoy configuró su Gobierno al ganar las elecciones en 2012, un total de 15 abogados del Estado fueron designados para ocupar puestos de relevancia en el organigrama de los nuevos ministerios, incluida la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro Miguel Arias Cañate -que fue cabeza de cartel por el PP a las elecciones europeas y aspira a un puesto de comisario-, un secretario de Estado y cinco subsecretarios.

Incluso el actual jefe de la Secretaria del Príncipe de Asturias y abogado del Estado en excedencia, Jaime Alfonsín, podría ocupar un puesto de responsabilidad al lado del nuevo Rey, incluso es posible que se sitúe al frente la jefatura de sus Casa. Pero, ¿qué hace a los abogados del Estado tan atractivos para ocupar puestos de poder en los ministerios, despachos, empresas o instituciones?

Edmundo Bal Francés, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, asegura que “tienen un perfil técnicamente muy preparado, poder de decisión, independencia profesional y resuelven muy bien los problemas”.

Jiménez-Blanco añade que “tienen formación amplia, experiencia e interlocución con la Administración, capacidad de aguantar presión, relaciones en grandes empresas y prestigio social”.

Y a la hora de hacer las maletas, a muchos les influye el aspecto económico. “Cobramos muy bien para estar en la Administración, pero ganaríamos el doble si ficháramos por un bufete”, admite Bal.