• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

jueves, 8 de octubre de 2020

La Corporación Excelencia en la Justicia presentó un estudio sobre el estado general de la justicia en el territorio nacional

Una respuesta que se repite frecuentemente en las encuestas que buscan medir la opinión de los ciudadanos sobre distintos aspectos de la vida nacional es que uno de los principales problemas del país es el acceso y funcionamiento de la justicia.

Lo anterior, sin embargo, no es un tema netamente de percepción. Así lo confirma el informe sobre el estado de la justicia en Colombia elaborado por el centro de pensamiento Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que tras analizar varios indicadores encontró, entre otras cifras, que solo 5% de las diligencias en la justicia penal culminan en una sentencia judicial. Además, con relación al tiempo procesal para la resolución de un proceso en particular, este puede tardar, en promedio, entre tres y cinco años para culminar en una sentencia en juicio oral.

El primer dato llamativo es que, de acuerdo con el informe, en 2019 se evacuaron efectivamente ocho de cada 10 procesos que entraron a la Rama Judicial. Esto quiere decir que 20% de ellos, que equivalen a 1,9 millones de procesos, terminaron en inventario. “El proceso queda pendiente de resolución, no se despacha ni se evacua. Eso equivale a que 20% de los procesos entraron al stock de represados”, explicó Hernando Herrera, director de la CEJ.

Otra cifra destacada tiene que ver con la mora judicial que, según se puede leer en el informe, “constituye la principal barrera de acceso a la justicia en el país y configura una puerta de entrada al fenómeno de la impunidad”.

El estudio señala que, en la actualidad, 74% de los procesos que están en trámite en el sistema penal acusatorio terminan archivados, en la mayoría de casos debido a una imposibilidad para identificar de manera inequívoca a las víctimas o victimarios de la conducta criminal.

“El sistema penal ha sido diseñado de manera equivocada. Se pensó en principio que la necesidad era crear más fiscales y jueces, medida que no responde a lo que exige la justicia penal”, explicó Guillermo Cáez, presidente del Centro de Estudios de Derecho Procesal (Cedep).

En ese sentido, agregó el experto, desde “el momento en que se pasa a una Fiscalía exclusivamente investigadora, hoy la necesidad es tener más y mejores equipos humanos y tecnológicos que permitan que las investigaciones avancen y se rompa la brecha de acceso a la administración de la justicia”.

Sobre la estadística el abogado penalista Francisco Bernate afirmó que puede tener varias explicaciones. “Muchas de las denuncias de esa cifra de 1,2 millones de procesos que entran anualmente a la Fiscalía General de la Nación no tienen movimiento. Allí hay un gran atasco, sobrecarga laboral y dificultades, especialmente en tiempos de pandemia”, dijo.

Adicionalmente, el represamiento, señaló Herrera, tiene que ver también con las múltiples posibilidades de aplazamiento con las que cuentan las partes de los procesos, que llevan a que estos se dilaten.

Por su parte, Bernate agregó que por estadísticas como esa “la gente desconfía del sistema judicial porque no se producen los fallos, y eso es consecuencia de un sistema como el acusatorio que hoy nos rige y que está muy mal diseñado, en el que los procesos están diseñados para no avanzar”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como advirtió Cáez, es problemático medir la justicia penal únicamente en sentencias proferidas. “El sistema penal trae otras formas de terminación (que implican administrar justicia) que no necesariamente son sentencia. Hay que acabar con el sentido vengador que le hemos dado al derecho penal”, dijo.

Lo dicho hasta aquí sobre el represamiento de procesos es congruente con otro de los datos del estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, que muestra que la Fiscalía pierde aproximadamente seis de cada 10 procesos. Es decir, el ente acusador tiene una efectividad en juicio cercana a 60%.

Las cifras presentadas hasta aquí podrían explicar el hecho de que actualmente ocho de cada 10 colombianos tengan una opinión desfavorable del sistema judicial. Lo anterior, sin duda, muestra un panorama de inconformidad ciudadana con el aparato de la justicia, no obstante, dijo Herrera, este dato debería ser matizado.

“Hay una contradicción: 80% de los ciudadanos dice que no confía en la justicia, pero cuando se les pregunta por la acción de tutela el porcentaje se invierte, y resulta que 80% tiene una opinión favorable. Y digo que es una contradicción porque, en el fondo, es el mismo sistema y los mismos jueces”.

Eso, anotó el director de la CEJ, lo que muestra es que la gente quiere una justicia más rápida, más flexible y menos formal, que es lo que caracteriza a la tutela.

“Deberíamos propender por ‘tutelizar’ la justicia, no en el sentido de que esta se convierta en un sustituto de los procesos ordinarios, pero sí en el sentido de buscar que esos procesos sean más eficientes”, concluyó Herrera, quien además abogó por una mayor transparencia en el esquema de acceso y promoción en la carrera judicial.

Antecedentes

Recientemente el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen, cuestionó el bajo presupuesto de la Rama. “Cómo puede hablarse de autonomía judicial si nuestra participación en el Presupuesto no supera 1,8%. De esos recursos, 91,2% corresponde a gastos de funcionamiento. ¿Es posible la modernización de la Rama Judicial si solo se tiene destinado a inversión un 8,8%?”.