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José David Castilla jueves, 13 de junio de 2019

En el tribunal arbitral se disputan más de $394.000 millones en repartición de dividendos

El Grupo Energía Bogotá (GEB) y la multinacional Enel tienen pendiente un pleito arbitral por la repartición de dividendos, la participación en el tema de energías renovables y el uso de las marcas. En la disputa se discuten $394.000 millones en dividendos, más un monto adicional que deberá ser tasado por los árbitros.

Aunque esta había sido una de las uniones más importantes en el sector energético nacional, está atravesando un pleito arbitral que podría dar inicio a la disolución de la alianza. Enel le confirmó a este diario que, debido a los eventos recientes, están pensando en replantear la alianza público privada.

Frente al tema de la disolución comercial, la empresa dijo "indiscutiblemente esta alianza público-privada, bajo el nivel de controversia jurídica al que se
ha llegado, necesitaría ser replanteada. Sin duda este tipo de alianzas requieren de una relación armónica entre los socios que facilite la visión estratégica de largo plazo".

El inicio del pleito

El pasado 5 de octubre de 2018, el GEB publicó un comunicado de prensa en el que anunciaba que haría efectiva la cláusula compromisoria del contrato con Enel.

En ese comunicado, el GEB aseguró que el pleito inició “con ocasión de debates específicos alrededor de los Acuerdos Marco de Inversión suscritos con Enel Américas en relación con las compañías Emgesa y Codensa”, con lo que se llevaron los conflictos “ante un tribunal de arbitramento”.

Este se centra en tres ejes: distribución de dividendos, participación en las empresas de energías renovables y el uso de la marca.

El conflicto de los dividendos

Fuentes allegadas al proceso le comentaron a este diario que una de las reclamaciones más importantes se origina por la negativa de Enel durante los últimos cuatro años de girarle al GEB 100% de los dividendos, como históricamente lo venía haciendo con base en el Acuerdo Marco de Accionistas.

La empresa Enel le aclaró a AL que “sí se han repartido dividendos todos los años. Durante los últimos tres, se han entregado a GEB dividendos por $1,68 billones, cifra que equivale a 70% de las utilidades”, también dijeron que este porcentaje “fue votado favorablemente en las Asambleas de Accionistas”.

La compañía también dijo que esta decisión de reducir la repartición de dividendos “obedece a rigurosos criterios de un manejo prudente de los flujos de caja de las compañías enmarcados dentro de las buenas prácticas comerciales, orientadas a respaldar los futuros planes de inversión para modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio, expandir la oferta de sus productos y servicios”.

El punto que debaten algunos analistas es que el argumento de Enel no sería tan sólido si se tiene en cuenta que tanto Codensa como Emgesa tienen capacidad de endeudamiento propio, con lo que, según fuentes cercanas al proceso, no tendrían la necesidad de acudir a los dineros de los dividendos.

Energías Renovables

Otro punto que alega el GEB en el proceso es que, presuntamente, Enel no ha cumplido con lo pactado sobre la ampliación de obras en este campo.

El conflicto más grande se dio con la llegada de Enel Green Power. Esta es una filial de la multinacional y se encarga de promover los proyectos de energías renovables en la región.

Según su página web, tienen 14 plantas en el país, con lo que mueven un total de 3093.1 megavatios. Su última gran obra fue la planta de energía renovable de El Paso.

En una nota publicada por este diario, la empresa informó que participó en la subasta de energías renovables que realizó el Ministerio de Minas y Energía este año. Allí obtuvo una adjudicación de 740 gigavatios en cinco proyectos.

El problema es que, según las fuentes consultadas, la estrategia de Enel es fortalecer a Enel Green Power, pero están dejando de lado el desarrollo de Codensa y Emgesa, con lo que se estaría frenando su expansión.

El caso de BRG

El pleito entre estas dos empresas también llegó a lo penal. Esto se remonta al 22 de junio de 2018, cuando el GEB contrató a la firma internacional BRG para que realizara apoyo en temas de análisis de datos.

El representante de BRG en Colombia, Laudes José Fernández, exdirector del DAS, fue involucrado en la red de interceptaciones ilegales, en la que interceptaron a miembros del sindicato de Avianca y al presidente de Enel, Lucio Rubio.

Ante esta situación, el GEB  aseguró que no tienen ningún tipo de relación con este tema, y apoyarán las investigaciones, por esta razón remitió una comunicación a la Fiscalía en la que afirmó que "se pone a disposición para adelantar todas las inquietudes y entregar toda la información que se considere necesaria", para esclarecer el caso penal contra Laudes Fernández.

Frente a esta situación la empresa se catalogó como víctima y aseguró que "no deja de sorprendernos. Los detalles de los hechos hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía y las autoridades de vigilancia y
control. Estamos a la espera del avance de las investigaciones".

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