• Colprensa

domingo, 2 de julio de 2017

La encargada de concretar los anuncios fue la vicefiscal María Paulina Riveros, quien anunció la detención de Moreno.

Esta semana, muchos colombianos de seguro recordaron las noticias de la álgida época de la llamada parapolítica en la que se habló de la filtración de actores ilegales en los más altos organismos del Estado.

La remembranza se dio por el escándalo que significó la captura (el martes 27 de junio), con fines de extradición, del encopetado director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno, relacionado con un hecho en el que buscaría favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien vive desde hace varios meses en Estados Unidos, donde ahora es testigo de la justicia estadounidense en varios casos de corrupción que enlodan el nombre de funcionarios en Colombia.

Este hecho, que tiene a Moreno con un pie en uno de los aviones de la DEA, hizo que desde distintas entidades de control se volcara la mirada sobre cada una de las actuaciones de este, el único de los aspirantes al cargo que curiosamente pasó sin problema la temida prueba del polígrafo, requisito establecido como una manera de sostener el aval de las autoridades de Estados Unidos.

Este escandaloso hecho se conoce, pocas semanas después de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunciara que se vendrían decisiones relacionadas con su propia entidad.

La encargada de concretar los anuncios fue la vicefiscal María Paulina Riveros, quien anunció la detención de Moreno y del abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez.

Según Riveros, “la presunta conspiración entre Moreno y Pinilla trascendió al territorio americano, y llegó a tal punto que Moreno aprovechó una comisión oficial de trabajo para contactarlo de nuevo con el fin de recibir una gruesa suma de dinero".

Tanto el exfiscal y el abogado son requeridos en extradición por la Corte Federal para el Distrito Sur de La Florida en Miami (Estados Unidos) por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.

Mientras se adelantan los trámites respectivos, los dos implicados permanecerán recluidos en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.

Fuentes del organismo acusador señalaron que desde la llegada al cargo del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hace nueve meses, cada mes cinco fiscales han resultado investigados en casos de corrupción.

Uno de los casos más recientes es el de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, quien fue señalada de tener vínculos con paramilitares.

Las investigaciones arrojaron que Niño Farfán recibió más de 400 millones de pesos del exparamilitar Orlando Villa con el fin de salir bien librado en su proceso judicial.

Por este caso la Fiscalía General de la Nación capturó a la pareja sentimental de la exfiscal y a otras tres personas, entre ellas la esposa del exparamilitar.

Otro caso para recordar es el del exfiscal Rodrigo Aldana también fue señalado de recibir dinero, al parecer, del exsenador Otto Bula con el propósito de favorecerlo en el caso Odebrecht. Esto llevó a un proceso de extinción de dominio de tres haciendas en Córdoba, bienes a nombre de Bula.

El ente acusador confirmó que durante ocho meses Aldana mantuvo en su poder un proyecto de resolución sobre un caso de extinción de dominio contra los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, por lo cual se registró un posible prevaricato por omisión.

De la lupa del ente acusador no escapó el exfiscal Jimmy Rodríguez, quien también recibió dinero de una banda al margen de la ley denominada los ‘Pijaos Sport’, y que según las investigaciones adelantadas permiten establecer que el exfuncionario era el responsable de suministrar información y encubrir a la banda delincuencial a cambio de dinero. Por estos hechos Rodríguez fue condenado a siete años de prisión por los delitos de concusión, cohecho por dar u ofrecer y encubrimiento.