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Colprensa sábado, 18 de enero de 2014

La reciente derogación por parte del Consejo de Estado, de la sanción decretada por la Procuraduría contra el alcalde de Morroa, Sucre, Juan Gregorio Domínguez Carrascal, ha generado la preocupación de que otros gobernantes sancionados puedan hacer uso de este recursos para mantenerse en el cargo.

En el caso de Domínguez Carrascal, la suspensión fue decretada por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, al encontrar que el Alcalde habría ejercido sus funciones mientras era presidente de la junta directiva de una clínica de la región.

Al conocer la tutela, el Consejo de Estado falló a favor de Domínguez, quien argumentó que el fallo de la Procuraduría fue leído en ausencia de él y de su abogado, razón por la cual no pudo presentar ningún recurso apelativo o de reposición.

Como las audiencias de la Procuraduría son orales, los recursos de este tipo solo pueden presentarse durante una de ellas. Al estar él y su abogado ausentes, esto fue considerado como violación al debido proceso.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, “mecanismos de protección de los derechos, como la acción de tutela o las medidas cautelares, pueden evitar que una persona sea desvinculada del cargo por una decisión de la Procuraduría”.

En el caso del alcalde Domínguez, Charry dijo que “la decisión del Consejo de Estado es razonable, ya que se trataba de una violación al debido proceso”. Para él “cada caso es distinto y tiene sus particularidades” y “siempre existe la posibilidad de que las personas presenten alguna acción de tutela, cuando son este tipo de decisiones” y eso es un derecho constitucional.

Con él estuvo de acuerdo el politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Fernando Giraldo, quien agregó que “la tutela como figura jurídica existe para proteger derechos y es susceptible de ser utilizada para reversar decisiones que no sean de la justicia”.

En este sentido, los dos expertos coincidieron en que el fallo a favor del alcalde Domínguez no va a cambiar la tendencia de las decisiones que destituyen a algún mandatario electo del país.

Según Juan Manuel Charry, “hasta el momento la Procuraduría ha sancionado más de 800 alcaldes y gobernadores de todo el país, casi todos ellos han presentado tutela y solo 21 han prosperado”.

En casos particulares como el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, las tutelas presentadas por su defensa están siendo analizadas por un Tribunal Administrativo y, sea cual sea el resultado, siempre existe la opción, para ambas partes, de apelar ante el Consejo de Estado.

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