Néstor Ramírez Sábado, 17 de marzo de 2012

Tras siete años de implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), las estadísticas generadas por sus instituciones partícipes han permitido establecer tendencias acerca de temas como la tipología de ingresos en la fiscalía, las causales de terminación de los procesos penales, el número de sentencias condenatorias y absolutorias, entre otras cifras de interés, útiles para medir su funcionamiento y también la dinámica de la criminalidad en el país.

Sin embargo, dicha información también permite explorar temas más específicos que resultan de gran utilidad para la elaboración de políticas sectorizadas. Tal es el caso de la criminalidad contra niños, niñas y adolescentes.

Al examinar las cifras generadas por el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación para 2010, se encuentra que la mayoría ingresos de noticias criminales por presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes se concentran en las seccionales de Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué. Al sumar los registros de estas cuatro seccionales, registran un 44% de los 37.075 ingresos totales en materia de presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes para dicho año. En contraste, las cuatro seccionales con menores ingresos (Mocoa, Quibdó, Riohacha y Valledupar) suman apenas el 2% del total.

En materia de tipología de delitos, el primer lugar lo ocupa la inasistencia alimentaria se ha consolidado como la primera fuente de ingresos; constituyendo un 53% entre las 37.075 noticias criminales recibidas en casos contra niños, niñas y adolescentes en 2010.

Le siguieron los ingresos por presuntos actos sexuales contra menor de 14 años, que representaron un 11% de las noticias criminales recibidas. En tercer lugar, se ubicó el delito de violencia intrafamiliar, con un 9%. Esto quiere decir que los tres delitos mencionados constituyen el 73% de los ingresos en la Fiscalía por conductas contra la población mencionada.

Cabe precisar que el sistema SPOA de la Fiscalía está en proceso de consolidarse como fuente única de información estadística en dicha entidad. Por tal motivo, y mientras culmina el proceso de migración de los datos contenidos en otros sistemas informativos, es probable que este proceso de tránsito implique algunos subregistros estadísticos entre la información actualmente contenida en el sistema. Asimismo, cabe precisar que la información generada corresponde a aquellos casos en los que aparece consignada la identificación de la edad de la presunta víctima -lo cual no ocurre en todos los casos, puesto que dicho registro no siempre se hace-. Así las cosas, se llama la atención sobre el hecho de que las estadísticas en materia de ingresos a la fiscalía por presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes pueden llegar a ser más altas, sin desconocer el valor que reviste la actual medición.

Habiendo examinado las cifras, se concluye que el fenómeno de la comisión de delitos contra niños, niñas y adolescentes ha cobrado importancia durante los últimos años; no sólo por su significativa ocurrencia, sino también porque el país cuenta con fuentes de medición que han permitido visibilizar las cifras acerca de las magnitudes de esta problemática.

La caracterización de los delitos, así como los lugares en los que se concentran dichos ingresos, permiten concluir que las medidas de política criminal en materia de victimización de la infancia y la adolescencia, se deben focalizar: en primer lugar, se debe prestar especial atención a la familia como eje de ocurrencia de los delitos contra niños y adolescentes, pues dos de los tres delitos de mayor ocurrencia (la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar), están íntimamente ligados a la fragilidad del núcleo familiar.

En segundo lugar, se debe avanzar en la educación legal dirigida hacia la infancia y la adolescencia, de manera que esta población tenga conocimiento sobre sus propios derechos y sobre los pasos a seguir en el caso de un posible delito en su contra. Esto, con el fin de que se procure la disminución de la impunidad en los delitos contra niños, niñas y adolescentes y que estos no se conviertan en víctimas silenciosas de los abusos que padezcan. En tercer lugar, desde las administraciones de las ciudades en las que se registran los mayores ingresos, se deben adoptar medidas.