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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co lunes, 27 de abril de 2015

Verdaderas soluciones para el servicio de la justicia del ciudadano de a pie, escogencia de miembros del Tribunal de Aforados por parte del Presidente así como el accionar  de su funcionamiento,  inhabilidad y edad para desempeñar cargos de magistrados de las altas cortes, representatividad del Senado regional y nuevos fueros para  funcionarios como el  Fiscal, Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo, aún no logran pasar la prueba.

Para Antonio Aljure, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,“ parece haber consenso en que reformas legales, reglamentarias o de buenas prácticas judiciales son más efectivas para dicho problema. Sin embargo, la reforma que hoy se tramita es necesaria mas no suficiente y no resuelve el problema más grave para el hombre de la calle, que es el de obtener pronta y adecuada justicia”.

Durante la plenaria el senador Carlos Fernando Galán, del partido Cambio Radical, manifestó que si bien el Tribunal de Aforados es una fórmula que busca responder a la impunidad respecto a las acciones de funcionarios del Estado de los más altos niveles, de los 67 cargos que están o será  investigados por el tribunal, en 27 de ellos,  inciden en su elección la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en ese sentido preocupa  el conflicto de intereses que puede presentarse a la hora de juzgar.

Con lo anterior, Galán explicó que “tendría que declararse impedida la CSJ impedida para juzgar y terminaría un conjuez tomando una decisión tan importante como esta”.

Por otra parte, la senadora Paloma Valencia dejó clara su posición respecto a la necesidad de establecer una edad alta para los juristas que quieran postularse a las altas cortes y así mismo, dejar claro la inhabilidad para que no puedan litigar  una vez se hayan retirado.

El fuero a altos funcionarios como el contralor o procurador, consideran algunos legisladores,  no puede ser precipitado y  debe que batirse más. 

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, afirmó que “en general estoy en desacuerdo con la reforma de equilibrio de poderes, pero pensar en crear blindajes para estos funcionarios como el Procurador es inadecuado y no le hace bien al país, así como que el Tribunal de Aforados quede subordinado el presidente”. Al respecto, el senador Mauricio Lizcano aseguró que “sería ideal que desde principio la elección del Tribunal fuera por meritocracia, pero ese proceso es muy demorado y no es conveniente quedarnos sin tribunal por eso había que buscar una salida excepcional  y transitoria mientras se concluye el proceso”. Cabe recordar que a la fecha hay  1.585 investigaciones en curso,  de las cuales 1.062 son de magistrados de altas cortes; 301 sobre el presidente y los expresidentes; 175, de fiscales,  y  47 de otros funcionarios del Estado, que aún están a  la deriva.

Establecer  un senado regional con curules para departamentos como San Andrés; Arauca o Casanare es otra iniciativa a los que algunos senadores criticaron su efectividad respecto a la garantía de representatividad y legitimidad.

Votación
La plenaria votó inicialmente  con 53 votos a favor y 19 votos en contra el informe de ponencia, con lo cual se avaló la apertura de del articulado. Entre las decisiones importantes se registró que por 45 votos se evitó la “aprobación de mermelada Ministerial a Congresistas, pues si la gente elige al Congreso, los funcionarios deben cumplir su tarea y periodo”, expresó la senadora Claudia López.

La ‘ganancia’ de los segundos
Entre los artículos aprobados ayer en segunda vuelta (con un votación calificada por encima de 52 votos),  se estableció que al segundo candidato en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador y Alcalde, podrán tener una curul en el Senado, Cámara, Asamblea y Concejo, respectivamente.  “Estas personas harán ejercicio del derecho a la oposición, pero con voz y voto como legisladores”, explicó el senador  Eduardo Enríquez.  Otro texto más de la reforma constitucional que pasó es el que define a la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo, para lo cual en una futura ley se determinará su funcionamiento. 

Las opiniones

Germán Varón
Senador de la República

“Veo mucha voluntad política respecto a acabar con la Comisión de Acusaciones y establecer por medio de un tribunal de aforados lo que sería la investigación de Acusación ante la Corte Suprema de Justicia y espero que el Senado sea considerado”.

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