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Actualidad

Citación al Congreso, el primer debate que afronta el Ministro de defensa por las chuzadas

05 de febrero de 2014

Germán Corcho Tróchez


Canal de noticias de Asuntos Legales

El escándalo desatado por las denuncias sobre ‘chuzadas’ a tres integrantes de la comisión negociadora de paz del Gobierno en Cuba, líderes de izquierda y oposición, le costó el puesto a dos generales de inteligencia del Ejército. Pero no serán las únicas cabezas en rodar.

LR consultó a varios especialistas y todos coincidieron en que las investigaciones deben apuntar no solo a determinar posibles responsabilidades civiles y militares, sino también a superiores y responsables políticos, como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

“Cosa que en este país sucede muy rara vez”, advierte Elizabeth Ungar Bleier, directora de Transparencia Colombia. “Así no tenga responsabilidad directa como autor material, sin duda la tiene como el jefe de las personas que, al parecer, han cometido estos hechos graves”

Uno de los primeros pasos para establecer si hubo o no altas responsabilidades lo dio ayer el Congreso. El Senado informó que su comisión de Inteligencia y Contrainteligencia citó para el próximo martes a una audiencia al ministro Pinzón; al fiscal General, Eduardo Montealegre; al director Nacional de Inteligencia, almirante Álvaro Echandía Durán, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, y los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional.

“Queremos que se informe con claridad qué están haciendo el Ministerio de Defensa y los organismos de inteligencia para implementar y aplicar la ley, de tal manera que no se cometan episodios de esta naturaleza, que son inauditos e inaceptables”, dijo a través del comunicado el senador Juan Fernando Cristo, presidente del parlamento.

El representante Iván Cepeda, quien asistió a la reunión con Cristo en la que se resolvió citar a los altos funcionarios y oficiales mencionados, dijo a este medio que lo primero será determinar la real dimensión del caso.

“Lo hasta ahora conocido puede ser la punta del iceberg de una situación similar que se vivió en el país con el DAS. El informe periodístico revela que militares y personas hemos sido víctimas, pero esto puede ser más extenso y complejo”, explica Cepeda.

¿Quién o quiénes detrás?
Desde que se conocieron las revelaciones de la Revista Semana en su página web, los interrogantes no han parado alrededor de quién ordenó o pidió espiar a Humberto De la Calle, el mismo comisionado Jaramillo y Alejandro Éder, tres de los representantes del gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana (Cuba).

Juan Pablo Milanese, politólogo de la Universidad Icesi, sostiene que las chuzadas muestran divergencias entre los actores estatales frente a las negociaciones con la guerrilla. “No se puede pensar que la posición es uniforme. Esto se ve con las chuzadas y la filtración de información a opositores”.

Además, está en tela de juicio cuán efectiva ha sido la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el anterior escándalo de ‘chuzadas’ y espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de izquierda, opositores y periodistas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

“Esa supresión fue totalmente artificial. Muchos de los agentes pasaron a instituciones del Estado y no sabemos si los equipos fueron puestos fuera del alcance de quienes han decidido hacer este tipo de espionaje. Lejos de haber sido superado, es un asunto que continua vigente”, asegura el representante Cepeda, víctima del escándalo pasado y, al parecer, también de este.

Para el dirigente “es evidente” el vínculo entre la resistencia que ha tenido el proceso de paz y este escándalo. “El responsable es claro: el expresidente Uribe”. Al respecto, el mandatario ha declarado en varios medios que no responderá “a infamias”.

La opinión

Elizabeth Ungar Bleier
Directora ejecutiva de Transparencia Colombia

“La explicación del Ministro, que el negocio allanado era legal, refleja que las Fuerzas Armadas no son capaces de controlar a su gente o que están en convivencia con sectores ilegales”.

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