• Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co

viernes, 12 de marzo de 2021

La empresa había demandado a la nación por la intervención hecha en la otrora empresa en funcionamiento Electricaribe en 2017

En 2017, la multinacional Naturgy (Gas Natural) demandó a Colombia por $4,8 billones por la intervención que hizo el Estado en la empresa Electricaribe. Ese conflicto se llevó a instancias del Arbitraje Internacional y cuatro años después se conoce el resultado del caso. El Tribunal Arbitral Internacional falló a favor de la Nación y desestimó las reclamaciones de Gas Natural. La decisión libra a Colombia de pagar esa alta cantidad de dinero a la empresa demandante.

El litigio estuvo en las manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de firmas internacionales como Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PPLC, las cuales desarrollaron una estrategia en conjunto para defender con pruebas las razones por las cuales el Estado colombiano tomó la decisión en ese momento.

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia, afirmó que el trabajo exitoso del organismo y las firmas internacionales le “ahorró a los colombianos el pago de cerca de $4,8 billones. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destacó que esta es una muestra de cómo el uso de mecanismos alternos de solución de controversias puede resolver con mayor prontitud los casos.

“Este es el caso más complejo y más cuantioso que tenía Colombia en los tribunales internacionales de inversión. La decisión del tribunal es contundente: Colombia no debe ni un solo centavo a Gas Natural y esto es una señal clara de la seguridad jurídica que existe en Colombia para la inversión”, añadió Alzate.

El funcionario agregó que el Tribunal analizó todo el material probatorio suficiente para justificar las razones para admitir los argumentos de Naturgy. “Colombia actuó dentro de la buena fe y dentro del marco legal vigente”, afirmó Alzate con relación a la intervención de Electricaribe hace cuatro años.
Y es que este caso empezó a sonar en los medios de comunicación el 22 de marzo de 2017 cuando la empresa demandante, Gas Natural Fenosa, advirtió en un oficio de 39 páginas que exigía al Gobierno colombiano la devolución de su filial Electricaribe o, en su defecto, le ofreciera una indemnización por los perjuicios denunciados.

El argumento principal de la demanda contó en la “ausencia de un trato equitativo y de seguridad jurídica”, razón por la que se consideró que la toma de la empresa fue una expropiación sin indemnización. El Estado, sin embargo, hizo una contra demanda en diciembre de 2019 encabezada por la Agencia Defensa Jurídica del Estado. Esta nueva disputa tuvo lugar entre el 5 y 13 de diciembre de 2019 y durante la audiencia, Colombia tuvo el reto de demostrar que la empresa Electricaribe no contaba con los recursos necesarios para prestar un servicio de calidad.

El país añadió que la mala gestión de la empresa impactó de manera negativa la industria y desarrollo de la región Caribe. Entre las razones también estuvo que Colombia, al ser dueña de 6,56% de las acciones de Electricaribe, estaba perdiendo ingresos a medida que la empresa se sumía en el declive financiero. Es importante recordar, sin embargo, que Gas Natural Fenosa y Colombia trataron de llegar a un acuerdo “amistoso” sin necesidad de recurrir a instancias legales más serias.

Desde el 12 de julio de 2016, Gas Natural Fenosa le pidió al Estado un diálogo directo en medio del marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. En ese momento, la empresa no definió una acción de demanda contra Colombia, sino un arreglo entre las partes que tuviera un periodo de seis meses. Gas Fenosa afirmó en su momento que esperaba que por medio del diálogo se reconociera los intereses de los afectados, los cuales, según la compañía, también fueron los pobladores de la Región Caribe.
Es importante recordar que Colombia aún tiene otros litigios internacionales, entre ellos, la supuesta violación de TLC que América Móvil reclama ante los estrados judiciales.