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Colprensa Jueves, 21 de junio de 2018

El Fiscal General de la Nación reveló detalles del entramado de corrupción electoral que afectó las elecciones legislativas de marzo pasado.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía decidió remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue por dos nuevos delitos (tráfico de votos y violación de topes electorales) a la senadora electa Aida Merlano, del Partido Conservador.

La captura de Merlano fue la primera que se dio en el marco de estas investigaciones que condujeron al allanamiento de su sede de campaña en Barranquilla, donde fueron incautados más de $260 millones en efectivo, armas de fuego y certificados electorales.

En esta investigación se estableció que la organización de la que se habría valido Merlano estaba organizada a tal punto que para los próximos años “aspiraba a trabajar con redes sistematizadas para mejorar su eficiencia”, se precisó.

Por el momento, dicha organización funcionaba con administradores, quienes revisaban las listas de votantes y los resultados, personas que eran reconocidas como punteadores, otros entregaban contraseñas en las casas de los líderes o casas de apoyo (punteadores y coordinadores), y finalmente se contaba con testigos electorales y encargados de capacitar sobre la forma en la que debían votar (didactas).

El Fiscal calificó de aberrante el que dicha organización se valiera de niños que debían acompañar a los adultos mayores que les habían comprado el voto para garantizar que se sufragara por los candidatos indicados.

“Esta organización estaba integrada por la senadora electa Aida Merlano, la candidata a la Cámara Lilibeth Llinás; además de los diputados Jorge Rangel y Margarita Belén; los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, junto con los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Tamara, quienes eran apoyados por 2.323 líderes locales y barriales”, señaló el ente investigador

Corrupción en Magdalena

Así mismo, también se remitirán copias para que la Corte investigue al actual representante a la Cámara y senador electo Fabián Castillo (Cambio Radical).

Este caso arrancó durante las pasadas elecciones legislativas cuando fue detenido en Ciénaga, Magdalena, un hombre identificado como Sergio Andrés Lora, a quien le incautaron $7 millones en efectivo, un listado de votantes y propaganda alusiva a Fabián Castillo.

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, una vez conoció el caso, se dirigió al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Marta y solicitó hablar con el director de la seccional de la Fiscalía para interceder por la libertad de Lora.

“Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política. Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay la posibilidad de no judicializarlo?”, le dijo el alcalde al director seccional.

Por estos hechos, el acalde de Ciénaga será imputado por el delito de tráfico de influencias.

Por su parte, Lora Ávila habría justificado la tenencia de dicho dinero por un contrato de prestación de servicios de transporte, pero el ente investigador determinó que el objeto de dicho convenio nunca se llevó a cabo.

Este hombre fue visitado por Fabián Castillo en la estación de Policía a la que fue conducido.

El caso de Margarita Restrepo

El Fiscal Martínez aseguró que encontraron evidencia de que la campaña de Margarita Restrepo, reelegida como congresista, supuestamente ofreció a sus votantes incentivos irregulares como pasajes por $120.000 a San Andrés, tabletas a $30.000 y televisores de 49 pulgadas por $350.000.

Por este tipo de acuerdos, según la Fiscalía, dicha campaña alcanzó a recaudar 136 millones de pesos aportados por personas que se demostró votaron por Restrepo.

Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes, al parecer, habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata.

El fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Cuartas Rodas además habría comprado votos a $80.000 el día de las elecciones. En las indagaciones además se determinó que muchos de las personas que votaron por Restrepo no recibieron los incentivos, por lo que se dirigieron a las autoridades para instaurar denuncias por fraude, las investigaciones se abrieron pero por delitos electorales.

Por estos hechos fueron capturados en las últimas horas Cuartas Rodas, en Jericó (Antioquia), y Elizabeth Jaramillo Rico, en Medellín. A los dos se les imputarán cargos por corrupción al sufragante en audiencia pública este jueves en Medellín.

Direccionamiento de votos en Bogotá

El ente acusador también determinó un caso de presunta corrupción electoral en Bogotá contra profesoras de los jardines infantiles que tiene la Secretaría de Integración Social en la localidad de Kennedy, a las cuales Julián Gutiérrez, contratista de la entidad, les manifestaba que para mantener sus puestos de trabajo debían votar por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal.

No conforme con el voto de las profesoras, el contratista les exigió elaborar un listado con los nombres de 10 familiares, con números de cédula y dirección de residencia, los cuales también deberían marcar a sus candidatos en el tarjetón.

La Fiscalía incluso encontró evidencia de que algunas profesoras les habrían dado $200.000 como reconocimiento por su ‘colaboración’.

Debido a estos hechos, el ente investigador imputará cargos por constreñimiento y corrupción al sufragante contra Julián Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito.

El caso Fáber Muñóz en Cauca

La Fiscalía encontró fundamento en la denuncia efectuada por Felipe Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes en el Cauca, por un supuesto fraude electoral en el sector de López de Micay.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde los resultados del preconteo no se reportaron en el tiempo estipulado.

En esos lugares se manifestó que hubo problemas de comunicación con la Registraduría, sin embargo, los investigadores encontraron que en poblaciones cercanas utilizaron el mismo sistema sin ningún problema.

Además, también se encontró que hubo 260 votos que fueron marcados después de que se cerraran las urnas  y lo hicieron en favor del candidato Faber Muñoz. El fiscal explicó que esto se pudo evidenciar porque un grafólogo de la institución encontró que todos los votos fueron marcados por la misma persona a pesar de que los tarjetones correspondían a meses ubicadas en sitios diferentes.

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