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Judicial

Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del exmiembro del consejo de Saludcoop

La Contraloría sustentó que Chávez Suárez, en su rol directivo, intervino en operaciones que desviaron fondos parafiscales hacia inversiones ajenas al Sgsss

03 de julio de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

El Consejo de Estado ratificó la responsabilidad fiscal de Jaime Chávez Suárez, exmiembro del consejo de administración de Saludcoop EPS, por su participación en el desvío de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sgsss. La sentencia obliga a Chávez Suárez a resarcir $1,16 billones (indexados a octubre de 2013), correspondientes a perjuicios causados entre 2002 y 2010. La decisión desestima sus reclamos de violación al debido proceso y mantiene la solidaridad en el pago solo para ese período.

Antecedentes legales

En 2014, Chávez Suárez demandó a la Contraloría General de la República buscando anular tres actos administrativos: el fallo que lo declaró fiscalmente responsable (2013), el auto que resolvió recursos de reposición (2014) y el fallo de apelación que confirmó su obligación de pago (2014). Solicitó además la eliminación de la deuda de $1,42 billones, indemnización por daños materiales ($3.700 millones) y morales (equivalentes a 500 salarios mínimos), y reparación por afectación a sus condiciones de vida.

Argumentos clave

La Contraloría sustentó que Chávez Suárez, en su rol directivo, intervino en operaciones que desviaron fondos parafiscales hacia inversiones ajenas al Sgsss, como remodelaciones, bonificaciones y adquisición de clínicas. Presentó análisis financieros (1998-2010) que demostraban que solo 0,32% de los ingresos de Saludcoop eran recursos propios, siendo el 99,68% fondos parafiscales con destino constitucionalmente restringido (artículo 48 de la Constitución).

Chávez Suárez alegó vicios procesales: diferencias en el período investigado entre la imputación y el fallo, omisión de pruebas solicitadas y modificación de los cargos iniciales. También cuestionó la metodología del informe técnico de la Contraloría y argumentó que su conducta se basó en conceptos de autoridades sanitarias y principios de buena fe.

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