Contraloría estableció hallazgo por $593.737 millones en manejo de Fondo de Bbva Asser

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La Contraloría General emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la vigencia 2024 del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, el cual es administrado por Bbva Asser Management S.A. Sociedad Fiduciaria y sujeto a control de la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.

Según el informe de auditoría financiera, se reveló deficiencias críticas en los controles contables, contractuales y de seguimiento, que derivan en 10 hallazgos administrativos de los cuales tres presentan presunta incidencia fiscal por $593.737 millones. Desde la entidad indicaron que esos hallazgos han sido trasladad para su respectiva evaluación dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal.

"De estos hallazgos, el que más se destaca está relacionado con los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P.", en los cuales señalan que no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año anterior y los correspondientes intereses moratorios.

"Una situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el termino, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora", agregaron.

Por lo que concluyeron que el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados.

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Como consecuencia, la Contraloría puso de presente una posible afectación a la capacidad de recuperación del capital prestado, lo que podría llevar a comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas.

"Además, se identificó un debilitamiento estructural del control interno, que fue calificado “con deficiencias”, tras evidenciar fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago", explicaron desde la Contraloría.