La Corte Constitucional decidirá impedimento de Ibáñez para debatir la Reforma Pensional
La solicitud, motivada por declaraciones públicas del juez sobre, será resuelta la próxima semana y determinará los pasos a seguir
13 de febrero de 2026
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional una solicitud de impedimento para continuar como ponente en el proceso de revisión de la reforma pensional. Esta determinación surge tras la recusación formulada por la Presidencia de la República, que señala una presunta pérdida de imparcialidad por parte del togado.
El secretario jurídico de la Presidencia argumenta que Ibáñez habría incurrido en un prejuzgamiento al emitir opiniones públicas sobre posibles vicios de procedimiento en el trámite legislativo de la norma.
La Corte Constitucional rechazó recusaciones contra magistrado Jorge Enrique Ibáñez
En su defensa, Ibáñez sostiene que sus declaraciones en medios de comunicación se realizaron en ejercicio de sus funciones como entonces presidente de la corporación. El magistrado afirma que la información compartida no constituye un concepto jurídico nuevo, sino que se refiere a hechos que ya eran de conocimiento público debido a filtraciones previas de su ponencia y de las deliberaciones internas de la Sala Plena. Según el documento radicado, su intervención buscaba dar claridad ante la mediatización del expediente.
El magistrado fundamenta su solicitud en la necesidad de evitar futuras sanciones disciplinarias y en coherencia con decisiones previas de la Corte. Menciona que, en un proceso distinto relacionado con la emergencia económica, la Sala Plena ya optó por apartarlo basándose en las mismas declaraciones periodísticas. Ibáñez solicita que su petición sea resuelta de manera prioritaria para no dilatar el estudio de fondo de la reforma, cuya discusión está programada para iniciar formalmente el próximo 18 de febrero.
La Sala Plena deberá decidir la próxima semana si acepta el impedimento o la recusación contra el magistrado. En caso de que se determine su separación del proceso, el expediente será asignado por orden alfabético a la magistrada Paola Meneses, actual presidenta del tribunal.
Este cambio de ponente implicaría una nueva conducción en el análisis de las demandas que cursan contra la ley, las cuales cuestionan tanto el procedimiento seguido en el Congreso como el contenido sustancial de la reforma.
Actualmente, la aplicación de la reforma pensional se encuentra en suspenso a la espera de un fallo definitivo de exequibilidad. El tribunal analiza si el trámite legislativo cumplió con los requisitos de ley y si los artículos aprobados respetan los principios constitucionales.
Hasta que la Corte Constitucional no emita una sentencia que declare la norma ajustada a la Constitución, el sistema de pensiones vigente en el país no experimentará las modificaciones previstas en la nueva legislación.
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