Corte dejó en firme condena contra hermanos Dávila Abondano por Agro Ingreso Seguro
El alto tribunal determinó que los empresarios, que encabezan el Grupo Daabon, realizaron maniobras como suscribir contratos de arrendamiento ficticios
22 de julio de 2025
La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano, ambos procesados por el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado.
El alto tribunal determinó que los empresarios, que encabezan el Grupo Daabon, realizaron maniobras como suscribir contratos de arrendamiento ficticios y el fraccionamiento de predios para lograr ser beneficiarios de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro previsto para apoyar pequeños o medianos productores.
"Ellos suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía y un juez de Bogotá impartió legalidad a esa negociación y los condenó, pero en calidad de intervinientes y no como coautores. Además, les impuso la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de carácter atemporal", explicó la Corte Suprema de Justicia.
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Esa decisión fue apelada y el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente el fallo y eliminó parcialmente el fallo y eliminó la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de carácter atemporal.
La sala penal de la Corte recibió el caso, resolvió un recurso extraordinario de casación, pero no accedió a las peticiones de la defensa y dejó en firme la decisión de segunda instancia.
"La sala consideró que los procesados suscribieron el preacuerdo con la Fiscalía de forma libre, consciente y voluntaria y estando debidamente asesorados por un abogado y que pretender que se habilite una nueva oportunidad en la que ellos se desdigan del preacuerdo celebrado es inadmisible en cualquier fase posterior a su legalización", dijo el alto tribunal.
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Los empresarios Dávila Abondano no se apropiaron de los recursos públicos que pretendían, por "razones ajenas a su voluntad porque un tercero intervino y se generó una controversia mediática que implicó exponer lo que estaba sucediendo en el marco del programa Agro Ingreso Seguro”.
La Corte señaló que los procesados, al presentar dos proyectos para recibir subsidios, pusieron en peligro recursos de la administración pública en dos ocasiones y, por tanto, se debe hablar de dos
delitos tentados y el correspondiente agravante de la pena por la cuantía de esos recursos.
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