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Colprensa martes, 25 de octubre de 2016

El presidente de la Sala Penal, magistrado Gustavo Malo, explicó que se entregó al jefe del Estado un documento sobre la justicia especial para la paz, apoyando la misma pero haciendo algunos reparos al respecto y propuestas como la elección de los magistrados que la conformarán. 

"Aunque compartimos que los magistrados que integren esa Jurisdicción Especial para la Paz que se seleccionen por el Comité integrado entre las partes, al cual se sugiere reconocerle plena autonomía, deberán ser colombianos de nacimiento como lo impone la Constitución Política y quedar sometidos al control disciplinario, fiscal y penal previsto por los funcionarios de la jurisdicción ordinaria", señaló. 

Igualmente expuso al presidente Santos que la Corte Suprema de Justicia debe mantener la competencia para estudiar las acciones de revisión de los procesos penales donde exista cosa juzgada "al entrar en vigencia la justicia transicional, sin perjuicio de que la JEP, en función de los fines de verdad plena, pueda modificar las sanciones impuestas en esos procesos". 

La Corte propuso igualmente que mantenga la capacidad de resolver conflictos de competencia que se generen entren la justicia ordinaria y la militar con la Justicia Especial de Paz, así como las tutelas que se presenten contra esas actuaciones.

Igualmente, piden mantener el trámite de extradiciones relacionadas con hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz, que tengan que ver con personas que estén procesadas en ella. 

"Creemos que la justicia especial para la paz debe aplicar preferencialmente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional y por integración el derecho internacional en materia de derechos humanos y el DIH”, dijo Malo. 

El magistrado añadió que para la Corte Suprema de Justicia, la JEP debe tener una duración apenas de cinco años, con una sola posibilidad de prorroga, y que la Corte tenga la competencia la designación del secretario de la jurisdicción especial. 

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