Colprensa Viernes, 5 de febrero de 2016

Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos la Corte argumentó que no se hizo consulta previa y que las empresas ni el Ministerio del Interior buscaron a la comunidad indígena Awá para explicar el proyecto petrolífero que habría afectado las aguas del río Orito y a la vereda El Naranjito “sin que Ecopetrol o Petrominerales Ltda, expliquen qué acciones han tomado al respecto”. 

“En efecto, dentro de las contingencias ambientales causadas en la labor extractiva, visibles en el acervo probatorio, se destacan las siguientes: arrojo de desechos contaminantes y de los insumos utilizados, disposición inadecuada de lodos tóxicos, quema indiscriminada de gas, alteración de las fuentes de agua, reducción de la fauna acuática, y desaparición de especies vegetales originarias”, dijo la Corte. 

En ese sentido, el Gobierno tendrá dos meses para reunirse con las comunidades y realizar la consulta previa que exige la ley si quieren realizar de nuevo la explotación de pozos petroleros. 

“Se afecta el derecho a la participación de dicha comunidad y, en consecuencia, se desconoce una de las garantías que el ordenamiento constitucional reconoce a su especificidad étnica y cultural, cuando su carácter diverso en estos aspectos no es tenido en cuenta al momento de determinar, en qué forma la explotación de los Pozos O-196 y O-197 puede afectar a los habitantes de las veredas vecinas al sitio conocido como ‘El 70’”, precisó la Corte.