Corte Suprema confirmó prohibición de Mancuso para residir en nueve departamentos

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, con la que se le prohibió a Salvatore Mancuso residir en Montería, Córdoba, y otros ocho departamentos en los que tuvo fuerte incidencia mientras fue jefe paramilitar.

"La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por Salvatore Mancuso Gómez y su apoderada contra el auto proferido el 21 de julio de 2025, proferido por una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá", se lee en el auto. En dicha decisión, se había sustituido la medida de aseguramiento contra Mancuso por una medida no privativa de la libertad: no residir o acudir a los lugares donde delinquió.

Mancuso había solicitado trasladarse de Bogotá, donde vive desde que regresó al país de su extradición a Estados Unidos, a Montería por razones de salud. Frente a esta petición, la Corte Suprema de Justicia primero tuvo que resolver un conflicto de competencias entre los tribunales de Bogotá y de Barranquilla, debido a que en ambas ciudades se habían proferido fallos contra Mancuso.

“La solicitud del cambio de domicilio se encontraba justificada y fundamentada en el conocimiento con el que en este momento cuenta la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en tanto adelanta juicios contra su representado con ocasión a los crímenes que cometió con la estructura paramilitar que comando en la costa del país”, indicó el alto tribunal en ese entonces.

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Tomada la decisión, la Corte decidió que la magistrada Alexandra Valencia Molina, del alto tribunal de Bogotá, sería la encargada de evaluar la viabilidad del traslado.

Fue allí cuando Valencia prohibió al exjefe paramilitar movilizarse en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, donde las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron amplia influencia. Mancuso tampoco puede visitar los municipios de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, en Antioquia, con el objetivo de proteger a las víctimas afectadas por ese grupo armado.