Corte Suprema suspendió juicio contra Sandra Morelli por una solicitud de nulidad

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La Corte Suprema de Justicia suspendió el juicio oral en contra de la excontralora, Sandra Morelli, para estudiar una solicitud de nulidad presentada por su defensa, en la que se asegura que no hubo garantías procesales.

Morelli enfrenta una investigación ante la Corte Suprema de Justicia por su actuación durante la firma de contratos para el arrendamiento de una nueva sede de la Contraloría en 2012. Según la Fiscalía, estos contratos, cuyo costo mensual superaba los $2.600 millones, fueron celebrados sin contar con estudios técnicos ni evaluaciones de mercado que justificaran las condiciones pactadas.

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Uno de los puntos centrales del proceso judicial es el posible detrimento patrimonial que habría causado la operación. Se estima que los contratos suscritos podrían haber generado pérdidas al Estado por más de $12.000 millones. Las cláusulas incluidas en dichos contratos comprometían pagos por una década, lo que, según el ente acusador, fue un acto administrativo irresponsable y perjudicial para las finanzas públicas. La Fiscalía ha señalado que las decisiones se tomaron sin contar con justificaciones objetivas ni respaldo financiero sólido.

A raíz de estos hechos, a Morelli se le imputan cargos por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. De acuerdo con los investigadores, ella habría tenido un rol protagónico en la estructuración de estos contratos, direccionando directamente las decisiones administrativas y contractuales sin someterlas a los controles internos establecidos. La Fiscalía ha descrito la operación como una maniobra irregular que benefició a particulares en detrimento de los intereses del Estado.

El proceso judicial ha sido largo y complejo. A lo largo de los últimos años, el caso ha experimentado múltiples aplazamientos debido a la presentación de numerosas pruebas, solicitudes de la defensa y trámites internos de la Corte. En 2017, por ejemplo, una audiencia fue suspendida tras la introducción de más de 2.000 pruebas por parte del ente acusador. Estas pruebas incluyen testimonios de exfuncionarios, documentos internos de la Contraloría y estudios financieros que apuntan a supuestas irregularidades en la contratación.

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Esta vez el juicio fue suspendido nuevamente porque la defensa de Morelli argumentó que el proceso presentaba vicios que vulneraban el derecho al debido proceso y la defensa técnica, solicitando la nulidad del juicio. La Corte accedió a estudiar estas solicitudes, lo que ha detenido temporalmente el curso del juicio. Aún no hay una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de la excontralora, pero el caso sigue siendo un referente de debate sobre la ética en la administración pública y el uso de los recursos estatales.