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Colprensa Viernes, 16 de agosto de 2013

Ante la insistencia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la Corte Constitucional aceptó revisar y estudiar la crisis carcelaria que enfrenta el país por cuenta del hacinamiento, que alcanza el 56% a nivel nacional y en algunas cárceles como la de Riohacha llega al 400%.

Así la Corte analizará la solicitud de la Defensoría para adoptar medidas estructurales que permitan enfrentar el problema de hacinamiento y la vulneración de los derechos humanos de la población reclusa, en medio de la peor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente.

La Defensoría del Pueblo acudió a la Corte para que: “al igual que hizo con los temas de salud y del desplazamiento forzado, a través de la figura del estado de cosas inconstitucional, pueda sentar a todos los estamentos concernidos, tanto del orden nacional como territorial, para que adopten las medidas estructurales que permitan superar los problemas de déficit de atención institucional que han contribuido a agravar la crisis de respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Según Otálora, la crisis no es un tema que se pueda solucionar cambiando la legislación o con una declaratoria de emergencia carcelaria.

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