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Judicial

Defensa de Álvaro Uribe radicará tutela por supuesta violación de derechos básicos

Según el abogado Jaime Granados, al exmandatario se le han desconocido sus derechos al debido proceso y a la defensa en el proceso

03 de octubre de 2024

Laura Cuevas Sánchez


Expresidente Álvaro Uribe Vélez
Colprensa
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La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que presentará hoy una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando proteger los derechos fundamentales del exmandatario, a los que considera vulnerados en el proceso por supuesta manipulación de testigos.

Según su abogado, Jaime Granados, la jueza Sandra Liliana Heredia no ha permitido que la defensa analice pruebas clave, como el computador y celular del testigo Juan Guillermo Monsalve. Granados argumenta que la negativa a extender el plazo para revisar estas pruebas infringe los derechos de defensa y el debido proceso.

La jueza, al frente del Juzgado 44 Penal de Bogotá, argumentó que no se deben permitir más demoras en el proceso y que la defensa ya ha tenido tiempo suficiente para revisar el material. Esto se produjo tras una audiencia en la que Granados solicitó 30 días para analizar las pruebas, las cuales, según él, llegaron solo dos días antes de la diligencia. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que el material fue enviado a su despacho el 12 de septiembre.

Granados expresó que la falta de tiempo para preparar la defensa es grave y que la tutela es el único recurso para remediar esta situación. En la rueda de prensa, destacó que no se trata de dilaciones, sino de garantizar un proceso justo. Además, solicitó al Tribunal medidas cautelares para suspender el trámite y evitar agravar la situación procesal de Uribe.

El abogado también planteó la posibilidad de que el material probatorio haya sido manipulado, enfatizando la necesidad de verificar la integridad de las pruebas de Monsalve. Por último, se informó que los abogados de Uribe llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para asegurar el respeto a sus derechos en el proceso judicial, argumentando que la decisión de la jueza vulnera el derecho al debido proceso según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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