Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno para que acate alertas de Guaviare

Por la reciente escalada de violencia en el Guaviare, como consecuencia de las disputas territoriales entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, que fueron avisadas a inicios de 2025, la Defensoría del Pueblo le pidió al Estado acatar las alertas que ha venido emitiendo desde 2018 hasta el momento.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró en su intervención que "los hechos que se han presentado durante este año en el Guaviare son consumaciones de la alerta temprana 01 de 2025 que advirtió sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá".

Marín ordenó agilizar las acciones que ya se venían desarrollando por la institución para lograr que, con el apoyo de la Fuerza Pública, se recuperen los cuerpos de las personas desaparecidas desde abril.

Por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría también hizo un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que permitan medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. "Esperamos que su respuesta sea positiva", señaló la defensora.

La entidad aseguró que sobre las atenciones humanitarias en la región, se necesita agilizar su presencia pues, por una parte, se encuentran las personas afectadas por los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado que han llevado a cabo los grupos armados en la región, y por otra, están las afectaciones por las inundaciones de las recientes lluvias.

Aunque la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Gestión de Riesgos, Ungrd, anunciaron el ingreso de alimentos, bienes y servicios básicos a la región, la Defensoría aseguró que "hasta el momento no se han ejecutado estas acciones".

La entidad también hizo llamado de alerta sobre la situación de los pueblos Nukak y Jiw, las cuales se encuentran en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento que, entre otras causas como la violencia de género, sigue siendo muy grave.

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" La Defensoría del Pueblo recibió información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y coordina acciones con la Fiscalía, autoridades del Gobierno nacional y territorial, para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva, de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional", resaltó Marín.