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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co sábado, 27 de abril de 2013

Colombia requiere reglamentar de manera urgente y clara el instrumento de la consulta previa, y esa regulación deberá sujetarse a los estándares internacionales, así como a los criterios fijados por la Corte Constitucional, de forma que se convierta en un instrumento de garantía y eficacia para la consulta previa, y no en un obstáculo para su realización.

Así lo afirmó del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante su intervención en el encuentro extraordinario de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que se lleva a cabo en Lima (Perú), en una ponencia sobre las experiencias relacionadas con el derecho de la consulta previa en los pueblos indígenas.

Para el Defensor, si bien existe un debate en torno a si la consulta previa debe someterse a una reglamentación detallada o, por el contrario, sujetarse a ciertos estándares generales, “lo cierto es que el Estado colombiano debe cumplir con la orden dispuesta por la Corte Constitucional en sentencia T-129 de 2011, en cuanto a la regulación y materialización de este derecho fundamental”.

Por lo tanto, Otálora Gómez recomendó que el procedimiento de regulación sea formulado de manera conjunta con los sujetos del derecho, a través de sus autoridades y organizaciones propias, en un proceso transparente de diálogo e interlocución de las partes, en los escenarios y en los tiempos adecuados para lograr un resultado que garantice los principios y derechos constitucionales y universales implícitos en este desarrollo normativo.

“El establecimiento de reglas no debe impedir que se fijen procedimientos generales con miras a ponderar intereses contrapuestos revisando las particularidades de cada caso en concreto”, aseguró el Defensor.

De otro lado, considera que podría plantearse y optimizarse la existencia de una etapa previa a la consulta propiamente dicha, donde las partes, de común acuerdo, definan la metodología mediante la cual van a adelantar la consulta, así como la obligatoriedad de los preacuerdos fijados por las mismas.

“Esto garantizaría la creación de un escenario de deliberación conjunta con vocación de concertación que promueva el diálogo entre los actores que interviene. Lo anterior no solo podría facilitar y agilizar la materialización de un proyecto determinado, sino que permitiría identificar de mejor forma las necesidades de cada situación concreta”, puntualizó el Defensor. A pesar de que en varias oportunidades la Corte le ha pedido al Gobierno regular este mecanismo, el asunto sigue sin resolverse.

A principios de año se conoció que algunos de los ministros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos se reuniría con la Corte Constitucional para debatir y avanzar en una solución. No obstante, aunque se ha dicho que el Gobierno está preparando un proyecto que será presentado en este periodo de la legislatura, todavía no hay claridad sobre el tema.

Además, se dice que entre otros puntos, la iniciativa regulará los tiempos y los costos de las consultas.

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