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María Alejandra Solano Vargas - msolano@larepublica.com.co Sábado, 3 de diciembre de 2016

No se requiere hacer uso de profundas investigaciones sobre el tema, ni de las estadísticas que a diario arrojan los estudios que entidades privadas y públicas hacen para concluir la incapacidad del Estado cuando se trata de afrontar la rampante criminalidad.

Basta solo acercarse un poco a quienes tienen la labor de investigar para observar su impotencia y la imposibilidad de cumplir con su función de manera eficiente. Ello a consecuencia de los múltiples factores que entorpecen su actividad, que van desde su falta de experiencia y la ausencia de capacitación en las áreas de la investigación y la criminalística y los pocos insumos con los que cuentan, hasta el exorbitante volumen de trabajo que deben realizar, por enumerar apenas unos cuantos de los muchos que la aquejan.

Se agrega a lo anterior, el colapso total del bautizado sistema acusatorio que se implementó en nuestro país desde  2004, fiscales con más de 1.000 procesos en sus despachos, suma que supera con creces la posibilidad de cualquier ser humano para coordinar la labor investigativa que deben cumplir los funcionarios de Policía Judicial. Jueces con inagotables audiencias supuestamente creadas para hacer más ágil el sistema, pero que en la práctica se prolongan por horas antes los formalismos procesales o que se suspenden de manera permanente por la ausencia de defensores públicos, y además fiscales que deben atender, sin tener el don de la ubicuidad, más de una audiencia a la vez. 

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