martes, 25 de junio de 2019
Luis Fernando Macías reforzará práctica en PPU
En las firmas de abogados multiservicios se está detallando una tendencia importante. Están llegando socios experimentados y muy preparados para forjar un departamento de derecho ambiental mucho más robusto, que se conforme de forma independiente a las áreas de minero energéticas y de hidrocarburos.
Según la directora del posgrado en ambiental de la Universidad Externado, la llegada de los procesos administrativos sancionatorios del campo ambiental, junto al endurecimiento de los castigos sociales y el interés de las compañías para reducir su manto de contaminación fueron los detonantes para que esta disciplina cogiera mucha fuerza en el mercado.
A esta ola, se sumó el bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). La firma trajo a Luis Fernando Macías para impulsar su campo de ambiental corporativo. AL habló con él para ver los retos que llegarán al bufete, para consolidar el desarrollo de esta área.
LOS CONTRASTES
Federico Chalela Socio de Chalela Abogados
“El deterioro generalizado que todo el mundo advierte del medio ambiente ha suscitado un mayor interés en esta disciplina. A esto se suma el activismo social, que encontró en el derecho una fuerte herramienta”.
María del Pilar García Dir. Posgrado Derecho Ambiental U. Externado
“Aunque el derecho ambiental no es nuevo, ante la crisis social en temas medioambientales, las sanciones administrativas y el papel de las autoridades están motivando el auge de esta disciplina”.
¿Cuáles son las expectativas que tiene con su ingreso a PPU?
La integración de Macías Gómez & Asociados a PPU tiene el objetivo de fortalecer la práctica en derecho ambiental corporativo en la firma y poder trascender una práctica que hace unos años no se concebía en las grandes firmas multiservicios. Hacer de la práctica del Derecho Ambiental Corporativo un área ya no de apoyo sino sustancial que pueda mostrar la necesidad de incorporar la legislación ambiental en cualquier transacción con el fin de brindar mayor seguridad a los inversionistas y sectores que demanden los servicios. Es indudable que al incorporarnos en una firma iberoamericana con presencia en varios países de la región y con la participación de Uría Menéndez como firma española, nos permite fortalecer la práctica y sobre todo hacer trascender el Derecho Ambiental, como un derecho que impulsará grandes negocios en el país.
¿Dónde están las claves para triunfar en el campo de Derecho Ambiental en Colombia?
Ante todo, la ética en el ejercicio profesional, no solamente como comportamiento que se debe tener frente a la sociedad, sino sobre todo diciéndole al cliente su realidad en cuanto la necesidad de buscar que su actividad económica se realice dentro del mayor rigor de respeto a la legislación ambiental. La protección del medio ambiente trascienda la esfera de las reivindicaciones sociales para ser un componente estratégico de las empresas. Se debe tener el conocimiento, la experiencia y la capacidad de diseñar la mejor estrategia jurídica para que las empresas puedan cumplir con la legislación y exigencias ambientales.
¿Contar con oficinas en Iberoamérica es clave para entender los problemas de la región?
Es indudable que se tiene una mayor perspectiva, sobre todo porque en Chile también tenemos un área muy fuerte en este campo. Conjuntamente buscamos fortalecer la práctica ambiental también en Perú. Naturalmente Uría Menéndez nos ofrece la visión europea de la problemática ambiental, lo cual contribuye a un mejor apoyo a nuestros clientes.
¿El país sí cuenta con la infraestructura para implementar el fracking?
Este es un tema que genera mucha controversia, pero si la pregunta la circunscribimos al campo del Derecho Ambiental, naturalmente Colombia cuenta desde 1993 con la expedición de la Ley 99 con la capacidad legal de otorgar licencias ambientales a los proyectos que la requieran, así como regular las actividades que potencialmente puedan generar impactos ambientales. La discusión que se presenta no es tanto desde el punto de vista jurídico, sino del conocimiento sobre los impactos que se pueden generar, y ahí entramos en un campo de conocimiento que no es el nuestro.
¿Cree que el país sufre de inseguridad jurídica en este campo?
Para responder requiero precisar algunos puntos. En primer lugar, se señala que las decisiones judiciales crean inseguridad jurídica, no hay nada más alejado de la realidad, en la gran mayoría de los casos los jueces han protegido el orden jurídico quebrantado cuando se pretende hacer primar algunos intereses económicos antes que jurídico o sencillamente las autoridades cometen grandes errores en la aplicación de la ley. En ese sentido no puedo afirmar que exista una inseguridad jurídica, a lo sumo se puede criticar la primacía que en ciertos casos se busca dar a lo técnico sobre lo jurídico.
En donde sí se presenta inseguridad jurídica es en la aplicación que las autoridades hacen de la legislación, bien sea por desconocimiento o por temor a ese síndrome que existe en el país a los órganos de control, que, si bien hacen su trabajo, en ocasiones quieren hacer primar su opinión sobre el de las entidades. En ocasiones, prima el capricho de un funcionario generando inseguridad jurídica.
Nosotros reivindicamos el rigor jurídico pues permite delinear cierta seguridad jurídica de un derecho que ciertamente es, como lo señala la doctrina internacional, un derecho gris con alto contenido social.
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