viernes, 17 de mayo de 2013
El Consejo de Estado ordenó detener el desalojo de la comunidad Wayúu de Irrachón que habita, desde hace más de 30 años, unos terrenos en la vía Riohacha- Santa Marta, que al parecer son particulares.
La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, señaló que la ejecución de la medida de desalojo podría constituir una vía de hecho por parte de la policía, pues no tiene los elementos jurídicos para practicarla debido a que existe una confrontación entre dos títulos de propiedad. Por tanto, la diligencia debe suspenderse hasta que no exista un pronunciamiento de la justicia civil sobre la titularidad de los predios.
Aunque la comunidad obtuvo la posesión mediante un sentencia judicial emitida en 2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, la demandante presentó también una sentencia del mismo despacho judicial, proferida en 2004, en la que se declaró la propiedad a otra persona. Por tal razón, la Sala amparó los derechos al debido proceso y vivienda digna de los miembros de la comunidad y suspendió el desalojo, pero no se pronunció sobre la legalidad de los títulos jurídicos de propiedad, pues señaló que esta controversia debe ser resuelta por el juez ordinario.
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