El delito político, la controversia de paz

A pocos días de que el Gobierno y las Farc se vuelvan a sentar en la mesa de negociación, siempre y cuando quede superado el impasse de los recientes secuestros, la forma como deberá aplicarse una justicia transicional y la interpretación que se les dará a los delitos políticos, serán temas que ocuparán el tiempo de esa instancia de diálogo.

Aunque la aplicación de un modelo transitorio de justicia no será nueva para el país, sí es claro que no podrán ser replicados los que se usaron en la década de los años noventa del siglo pasado, para las guerrillas M-19, EPL y Quintín Lame, o el más reciente, que se hizo para las Autodefensas.

En opinión del analista Jhon Mario González, es necesario ampliar el delito político a como se concibió en el pasado, porque ni las Farc ni el ELN van a firmar un acuerdo de finalizar el conflicto para entregarse y terminar en una cárcel.

El abogado Raúl Eduardo Sánchez, quien además es litigante ante la Corte Penal Internacional, considera que en los grupos guerrilleros “a un altísimo porcentaje de sus integrantes” se les deberá procesar por esos llamados delitos políticos, que son la rebelión, la sedición, la asonada y la conspiración para cometer esas conductas.

Sánchez dice que a esas conductas se les deben sumar los llamados delitos conexos, como son el porte ilegal de armas o el uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas. “En un altísimo porcentaje se tendrá que acudir a mecanismos como la amnistía, el indulto, el perdón, que son derivados del delito político”.

El jurista aclara que ante delitos que sean considerados crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, siempre deberá contemplarse la voluntad de los autores: “Tendrá que aplicárseles un mecanismo de justicia transicional que no sea explicado como la venganza estatal o de la justicia”.

González y Sánchez coinciden en recordar que una situación distinta pasó en el proceso de reinserción de los miembros de las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esa oportunidad, aunque el presidente de la República quiso que se les aplicara la misma figura de los delitos políticos a sus integrantes, pero su posición no tuvo acogida en el Congreso de la República ni en la opinión pública, lo que llevó a que se aprobara la Ley de Justicia y Paz, de manera que en especial los grandes jefes tuvieran que pagar condena de cárcel.

Esos delitos políticos no se pudieron aplicar a los paramilitares porque su accionar delictivo no estuvo fundamentado en la lucha por el poder, la cual identifica a las guerrillas. Sánchez plantea que en las urnas los colombianos dirán si están de acuerdo o no con la paz.