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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co martes, 21 de octubre de 2014

En el histórico de las demandas contra la Nación hay cerca de 320.000 recursos, de acuerdo con Adriana Guillén Arango, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Las pretensiones por esta cifra sería de $190 billones.

Del total de demandas, 690 se han presentado este año y traducen, en términos económicos, $1 billón. Las reinas de las entidades demandas son el Seguro Social y Colpensiones.

Dice Guillén que por dichos recursos legales, de carácter laboral, se están perdiendo cerca de $4billones anuales.

Para atender problemas legales que enfrenta el Estado, hay un promedio de 5.800 abogados y 3.800 de ellos, se dedican exclusivamente a la defensa. 56% son hombres.

Todos son profesionales con posgrado. Cerca de 10% tiene magister y 0,3% doctorado. Se calcula que 40% están en las dependencias de entidades públicas y 60% son externos.

Para dar un ejemplo de la importante carga laboral que tiene un profesional de leyes al trabajar en dichas dependencias, Guillén citó el caso de un jurista del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que, de acuerdo con la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, podría estar atendiendo hasta 3.000 procesos al tiempo.

“Esos abogados no pueden asistir a todas las audiencias orales y ahí se desencadena un problema contencioso. En la Agencia estamos preparando un proyecto para definir el perfil de los abogados que queremos.

Ahondamos en materia de salarios, en cómo debería darse la defensa del estado, entre otros. A más tardar estará listo en diciembre y empezará a regir en enero de 2015”.

Pirámides bajo la lupa de cárdenas
La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguró que “desde el Ministerio de Hacienda liderando por Mauricio Cárdenas, se está gestando un proyecto de ley que pretende penalizar a las personas que lleven o inviertan dinero en captadoras ilegales. O sea que podrían estar incursas en el delito de captación ilegal”.

LR contactó al Ministerio de Hacienda para confirmar y ampliar la información, pero hasta el cierre de esta edición no había una respuesta de la Cartera.

Al consultar a Francisco Bernate, docente de derecho de la Universidad del Rosario, explicó que la ley ya contempla penas de este tipo para los inversionistas.

“Las personas que financien las captadoras podrían enfrentar penas privativas de la libertad hasta por 20 años, así lo especificó la Ley 1357 de 2009, en la cual se estableció que quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, podría pasar en prisión hasta 20 años. También recibiría multas por hasta $30.800 millones”.

Agregó Bernate que lo anterior se dio como consecuencia del desfalcó en DMG, organización liderada por David Murcia, quien en 2009 fue hallado culpable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero sin autorización y lavado de activos, que le valieron una condena de 30 años de prisión. Se le impuso una sanción económica de $24.850 millones. Si es así, la pretensión de la cartera de Hacienda ¿sería para encrudecer estas penas? Jaime Granados, reconocido abogado y quien defiende actualmente a las víctimas del Fondo Premium, dice que no conoce el proyecto de ley mencionado, pero que en términos generales no cree que se pueda revictimizar a las víctimas. “Los inversionistas de este tipo de organizaciones son, por lo general, personas de escasos recursos, que no tienen conocimientos de temas de mercado. En ese sentido, son personas vulnerables que han sido engañadas mediante mecanismos sofisticados. Por eso lo considero un despropósito”.

Tres jueces corruptos
La Agencia asegura que encontró en tres casos, la mano oscura de la justicia.

Las irregularidades en los casos de Ferrocariles Nacionales de Colombia, Caprecom y el juez segundo del Circuito de Cali, se habrían identificado dentro de los procesos de intervención del ente.

En cuanto a Ferrocarriles Nacionales se trató de un tutela que reconoció la indemnización de 11 trabajadores que solicitaban el pago de $1.000 millones al Ministerio de Comercio, se falló a favor de los naturales, la cartera habría cumplido y sin embargo, los beneficiados, argumentaron tiempo después, desacato de la orden del juez y dice Guillén que no fue así. En la segunda ocasión se le solicitó a la cartera de Hacienda más de $15.000 millones y finalmente el caso concluyó por una supuesta falta de notificiación al Ministro. En Cali se encontró que el juez segundo del Circuito de la ciudad, ordenó pagar una prima gracia, que solo se le paga a los maestros, a un grupo de personas que no cumplían con los requisitos. Habían celadores, empleadas del servicio doméstico, pero ningún maestro. Por último en el caso Caprecom se evidenció que la entidad habían tenido que pagar $60.000 millones por una pena que no debía. Se pagó por obligaciones inexistentes.

Dice Guillén que ya las quejas están en el Consejo Superior de la Judicatura. Otra dificultad estaría en que los jueces están ordenando embargar bienes inembargables como los de la salud.

Las chuzadas del DAS
Afectados como Yidis Medina, excongresista, y Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, estarían pidiendo indemnizaciones por más de $9.000 millones, pero dice la directora de la Agencia que habrá que negociar los montos y ver en que casos particulares es pertinente hacerlo. “No queremos limitar las indemnizaciones pero si racionalizarlas”.

Palacio de Justicia
La decisión de la Corte Interamericana frente a lo sucedido en la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, se conocerá entre enero y febrero de 2015.

Según Guillén no se sabe que vaya a pasar aún, pero que podría ser una decisión complicada, aunque la funcionaria espera que el ente internacional tenga en cuenta que hubo colaboración. “El Estado aceptó responsabilidad por omisión en dos de los 11 casos llevados hasta la instancia internacional y que eso, podría tener un punto a favor”. La Agencia está interviniendo 358 procesos ante el Sistema Interamericano, y arrancaron en 2012 con 256. Se ha incrementado mucho 36%.

Las opiniones

Adriana Guillén
Directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estados

“Desde el Ministerio de Hacienda liderando por Mauricio Cárdenas, se está gestando un proyecto de ley que pretende penalizar a las personas que lleven o inviertan dinero en captadoras ilegales. No tengo conocimiento de la fecha en la que se presentará la propuesta al legislativo”.

Francisco Bernate
Abogado penalista de la Universidad del Rosario

“Las personas que financien las captadoras podrían enfrentar penas privativas de la libertad hasta por 20 años, así lo especificó la Ley 1357 de 2009, en la cual se estableció que quien desarrollen o promuevan esta práctica podrían pagar hasta 20 años de prisión”.

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