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Ana Bedoya Jimenez miércoles, 28 de noviembre de 2012

El Gobierno, dicen analistas, está en su derecho de retirarse del Pacto de Bogotá, pero debe tener en cuenta que el plazo de denuncia es de un año, que no podrá demandar a ningún miembro del pacto y que retirarse de él no afectará en nada la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Tanto el presidente Juan Manuel Santos como la canciller, María Angela Holguín, han asegurado que están estudiando la posibilidad de retirarse para evitar que Nicaragua pueda presentar una nueva demanda.

De esta manera, se conformó el pool de abogados y expertos en Derecho Internacional, que se encargarían de analizar la posibilidad de que Colombia se retire del tratado.

Se trata del exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda; el exdiplomático Juan Daniel Jaramillo; el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia; el exsubdirector del Departamento de Seguridad, Joaquín Polo Montalvo; el exprocurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta y el reconocido abogado Luis Ricardo Paredes.

De acuerdo con la Cancillería, estos abogados serán los encargados de “apoyar el estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia”.

Para Ricardo Abello, profesor de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia tiene todo el derecho de retirarse del pacto, pero debe tener en cuenta que la vigencia después del retiro es de un año y que frente a la decisión de La Haya no se puede hacer nada.

“Creo que la decisión ya está tomada, eso hace parte de las reglas de juego, por eso existe la opción de denunciar el tratado, pero lo que hay que tener en cuenta es que el plazo de denuncia es de un año, como consecuencia, seguirá vigente”, explicó.

De esta manera, Carlos Enrique Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana, aclaró que no es cierto que con retirarse del Pacto de Bogotá, Colombia quedará libre de que algún Estado lo lleve a la Corte.

“Lo que hace Colombia al denunciar el pacto, es que aunque se blinda para que Nicaragua no inicie un nuevo proceso en su contra, no se libera de ir a la Corte Internacional. Se estaría apartando de la posibilidad de utilizar mecanismos importantes para la solución de conflictos entre naciones”, agregó.

Entre tanto, la Cámara de Representantes viajó ayer a San Andrés para demostrarle su apoyo a los habitantes de la isla y ratificar la soberanía de Colombia en esa parte del territorio, ante la decisión de la corte de La Haya de quitarle mar territorial a Colombia.

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