El próximo martes la Corte Constitucional definirá el futuro de la reforma pensional

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El próximo martes 14 de octubre la sala plena de la Corte Constitucional debatirá la constitucionalidad de la reforma pensional del Gobierno Petro, luego de que el magistrado y presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, radicó la ponencia de fallo con la que deberán resolver la demanda por presuntos vicios de trámite en su aprobación en el Congreso.

Esto cerrará definitivamente el capítulo de la constitucionalidad de la reforma, que comenzó en agosto de 2024 cuando la senadora Paloma Valencia interpuso una demanda para solicitar la nulidad de la ley.

La Corte Constitucional admitió el recurso y requirió diferentes documentos al Congreso para revisar el proceso con el que se aprobó la reforma. A mediados de este año, el alto tribunal identificó un vicio en la aprobación del articulado y la devolvió a la Cámara de Representantes para subsanar el error.

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A finales de junio el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para subsanar los vicios de trámite que señaló la Corte Constitucional, pero en medio de la discusión alertaron por irregularidades en las actas de las sesiones del 27 y 28 del mismo mes.

El principal problema radicó en la validación de las actas de la Cámara de Representantes. Muchos congresistas señalaron que las actas correspondientes a la votación de la reforma pensional contienen errores, omisiones y posibles irregularidades en el registro de los resultados de la votación.

“Fue aprobada el acta 257, que da validez a la sesión extraordinaria del 28 de junio en la cual se aprobó, de manera irregular, la Reforma Pensional, pero no aprobaron el acta 256, de la sesión del día anterior, 27 de junio, en la que se anunció, sin el quórum requerido, el debate de la misma reforma. En otras palabras, han admitido que la plenaria del 27 de junio nunca se llevó a cabo y, por lo tanto, nunca se anunció el debate de la reforma pensional, como lo exige la ley”, dijo la representante Lina María Garrido, a través de su cuenta de X.

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Jorge Enrique Ibáñez solicitó repetidamente las actas a la Cámara de Representantes, para verificar la información y constatar si hubo o no vicios de trámite de la reforma, pero la corporación se demoró en entregar esa documentación. Al final tuvo que dar ultimátum para recibir los soportes de las sesiones, mientras la Cámara alegaba dificultades de tipo administrativo.

Aunque el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, interpuso un impedimento para no participar en la discusión, alegando un presunto conflicto de interés porque la senadora Valencia participó en la votación con la que fue elegido como togado del alto tribunal, la sala plena lo declaró infundado a comienzos de octubre y tendrá que intervenir en la sesión.

La Corte aún debe resolver dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Gustavo Petro y, además, ternado por el jefe de Estado.

La primera de ellas fue radicada por el concejal Daniel Briceño, quien aseguró que el magistrado firmó contratos con Colpensiones y eso impediría "imparcialidad" en la discusión. La segunda fue interpuesta por Paloma Valencia, que también busca apartarlo del proceso.