Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co lunes, 24 de octubre de 2016

En este ejercicio de coerción, donde de una u otra forma intervienen todas las ramas del poder público, tal vez es la rama judicial la que tradicionalmente ha sido vista como la encargada de transmitir a los ciudadanos el imperio de la ley. ¿Cuál es entonces el efecto de la desacreditación de los jueces en Colombia? y más aún, ¿debe ser la rama judicial la única que transmita seguridad jurídica? 

El país atraviesa una coyuntura sensible, donde en el transcurso de los últimos meses se ha venido poniendo en jaque la legitimidad del aparato de justicia. Se ha cuestionado la fuerza de la rama, su independencia, su eficiencia y su capacidad para hacer cumplir la ley.  Distintos sectores políticos sistemáticamente han atacado bajo la premisa de “falta de garantías”, con lo que se desestabiliza en mayor o menor escala el andamiaje del Estado. 

Más allá de las razones que invitan a decantarse por respaldar estas posturas, lo cierto es que la rama judicial no es la única que debe transmitir a los ciudadanos la seguridad jurídica y el sostenimiento del imperio de la ley. Paralelamente coexisten con la gestión de impartir justicia instituciones encargadas de garantizar control, transparencia, exigir rendición de cuentas y ejercer lo que la doctrina especializada ha denominado “accountability”. El reto que se avecina recae entonces en los entes de control (las llamadas “ias”). Son ellos los llamados a participar activamente de forma proactiva y no destructiva

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.